Pese a esto, la trabajadora de salud indicó que seguirá luchando por los derechos de las personas que viven en las llamadas “zonas de sacrificio”.

El máximo tribunal del país ordenó al gobierno a tomar una serie de medidas para proteger a la población de la zona.

Autoridades de Concón, Quintero y Puchuncaví conocieron los plazos del proceso y solicitaron conocer el documento antes de ser presentado al Consejo de Ministros y la Contraloría.

El diputado Verdessi (DC) aseguró tener «suficientes antecedentes para pensar que existe un gran número de personas afectadas que, por políticas de Estado, deben ser reparadas».