El ex mandatario era investigado por posibles delitos de corrupción relacionados con la venta del citado proyecto.

El sobreseimiento fue decidido por el juez federal Sebastián Casanello ante la falta de acusación por parte de la fiscalía y las querellas.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de marzo en medio de una manifestación estudiantil.

La exministra fue sobreseída en el caso donde la acusaban por malversar caudales públicos por más de 42 millones de pesos.

En este sentido el tribunal de alzada descartó la solicitud de las defensas de los imputados, que consideran no estar siendo juzgados en plazo razonable.

Fue a mediados del año 2020, cuando se dio inicio a la causa tras una querella ingresada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) por perjuicios al fisco cercanos a los $54 millones por el Hotel O’Higgins y otros $9 millones por el Hotel Gala.

El juez también acogió la solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, siendo fijada para el próximo viernes 7 de enero una audiencia para discutir la reapertura de la causa.

En 6 meses se amplió el plazo de investigación.

El juez Erik Espinoza Cerda rechazó el sobreseimiento definitivo de la indagatoria, solicitud realizada por la defensa de los imputados Pablo Staig, Manuel Echeverría y Javier Garrido.

Además, uno de los abogados del exparlamentario, Eduardo Lagos, renunció a las costas que el Ministerio Público fue condenado a pagar.

El máximo tribunal confirmó la sentencia apelada de veinticinco de abril de 2019, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El exministro de Economía aún debe enfrentar a la justicia, ya que todavía tiene una causa pendiente por cohecho.

La medida había solicitada por la Fiscalía Centro Norte en febrero pasado.

En el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, Iván Moreira se comprometió ante el tribunal el pago en 12 cuotas mensuales del monto de las boletas, es decir, 35 millones de pesos.