La normativa se espera que entre en vigor en la primavera de 2025.
El local, que actualmente se encuentra clausurado por la Autoridad Sanitaria, arriesga tras la denuncia de SERNAC, una multa de hasta 600 UTM (cerca de 40 millones).
“Esta iniciativa busca proteger, garantizar y resguardar que todos los chilenos y chilenas tengan acceso a una alimentación sana, equilibrada, en cantidad y en calidad, que les permita tener una vida digna y activa”, dijo Marzán.