El adolescente fue condenado a 5 años de internación, la cual será dividida en régimen cerrado y semicerrado.

Se trata del ciudadano venezolano Ángel Castellano, quien al momento de su detención tenía 17 años de edad.

Argentina les habría rechazado ciertas solicitudes realizadas, lo que llevó a que los familiares del ex militar venezolano, decidieran retornar a Chile.

Tras esta resolución, la tramitación se encuentra en manos de la Cancillería chilena.

El ministro del Interior (s), Manuel Monsalve, indicó que están a la espera de los resultados de la comprobación dactilar.

La solicitud fue presentada por la familia del exmilitar, luego que Josmarghy Castillo -pareja de Ojeda- denunciara que en Chile estaba siendo vigilada por personas externas al Ministerio Público.

El fiscal general venezolano afirmó que “dicho asesinato fue cometido por servicios de inteligencia extranjeros con apoyo de funcionarios de inteligencia chilenos”.

“Cuando uno ve la forma en que ocurrieron los hechos y ve el modus operandi en otros países, no tengo la menor duda de que se trata de un crimen de Estado. Detrás de la expansión del Tren de Aragua, que ha sido muy rápida y muy peligrosa, también hay intereses ocultos de la dictadura de Nicolás Maduro”, aseguró Iván Duque.

“Como Gobierno vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio de este esfuerzo de hacer justicia en este caso, apoyando a la Fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional”, manifestó Tohá.

“Nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”, sostuvo el fiscal.

En el marco de la reunión bilateral con el Presidente de España, Pedro Sánchez, desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Boric se refirió a lo ocurrido con Ojeda, asegurando que “actuamos con esfuerzo desde el primer día para que esto se esclarezca”.

El cuerpo fue entregado durante esta jornada por el SML a la familia.

Se desconoce cuál será el destino final de los restos del exmilitar.

La secretaria de estado reiteró que respecto a la causa existe “prohibición de informar”.