Vecinos del sector denunciaron que una persona abusa sexualmente de perros domésticos y de situación de calle desde hace al menos unos ocho meses.
“Estos hechos son inaceptables en una democracia” remarcó la Delegada Presidencial Metropolitana, Constanza Martínez.
El empresario amenazó en redes sociales con fusilar a los partidarios del Apruebo.
“Creemos que hechos como este no pueden quedar en la impunidad y tienen que ser debidamente investigados, perseguidos y resueltos”, detallaron.
Esta no sería la primera vez que Urban recibe un ataque con armas de fuego.
En la acción judicial se omitió la Ley de Seguridad del Estado, invocando solo la Ley de Armas y de Servicio Eléctricos.
La delegada presidencial de Biobío indicó que la decisión de descartar la Ley Antiterrorista tiene que ver con “la capacidad de persecución y la capacidad de conseguir las penas más altas”.
CDE interpuso la respectiva querella considerando que los hechos señalados significan un grave daño al patrimonio del país.
El monto solicitado también buscaría indemnizar a Ana María Campillai, hermana de la legisladora.
La acción legal fue presentada por los delitos de porte de arma de fuego y por disparos injustificados.
“No podemos seguir tratando como normal el que se vandalice el patrimonio de todos los chilenos y se destruya la ciudad”, afirmó el gobernador.
La titular del Interior argumentó que “la ampliación de querella es siempre por nuevos hechos y cumple la misma función que una querella nueva”.
“La presente acción busca la investigación de éstos hechos que claramente han implicado la celebración de actos y contratos que han comprometido el patrimonio del PDC”, señala el texto.
El video, habría sido difundido el pasado sábado, mismo día que declararon culpable a Martín Pradenas por siete delitos sexuales en contra de seis víctimas.