Por causas que son materia de investigación, tres personas estaban en peligro de inmersión en el citado balneario.
Se trataría del varamiento número 106 de este año.
La investigación estará a cargo de la SIAT de Carabineros.
El terreno fue usurpado en 2019, viviendo a la fecha al menos 200 familias en el lugar.
Buscan dejar sin efecto acuerdo que prohíbe demandarlos por cinco años.
La investigación apunta a grave interrupción de la tranquilidad pública.
La ministra del Interior dijo entender la “impotencia” del alcalde Marcos Morales.
“Como Gobierno hemos tomado decisiones que marcan una prioridad en materia de seguridad, que tiene que ver con la incorporación de recursos para nuestras policías”, enfatizó González.
Esta medida tuvo como objetivo ser escuchados ante la falta de dotación policial que está viviendo la comuna.
Los pescadores movilizados solicitan medidas compensatorias para contrarrestar lo que consideran un “daño irreversible” a la pesca artesanal y la vida en la zona, causado por las empresas del cordón industrial.
Entre las demandas presentadas, se exige la detención de la instalación de la planta desalinizadora en Quintero ya que realiza un daño irreversible al medioambiente y a la biósfera marina.
La cita fue agendada tras la fallida conciliación propuesta por el tribunal.
El accidente tuvo lugar cerca de las 23:00 específicamente en el km 7,2 de la ruta CB-20.
La inversión de la iniciativa será cercana a los 400 millones de pesos.