El Mandatario aseguró que «me parece increíble que un Presidente que, sabe lo que está pasando con su pueblo, se niegue a abrir ese canal» para que el pueblo venezolano se recupere.
En primer lugar, el Mandatario sostuvo un encuentro trilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con la primera ministra de Nueva Zelandia, Jacinta Ardern.
El ex Presidente de la República valoró que la posición del Gobierno de Chile «ha sido una sola» y aseguró que «esto va a ser ratificado el 1 de octubre».
Objetivo del encuentro fue analizar los distintos escenarios que se podrían generar tras la lectura de sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
Se implementará un plan que involucra 491 proyectos y una inversión pública de US$ 8.043 millones para el periodo 2018 a 2026.
El presidente Sebastián Piñera anunció esta decisión, que se llevará a cabo este martes 25 de septiembre.
Celebración de Fiestas Patrias y la aprobación de la Ley de Identidad de Género influyeron en el aumento de la aprobación del Mandatario.
Tras los nuevos casos de presuntas intoxicaciones, el senador por la zona aseguró que «no queda otra opción, tal y como se lo hemos planteado en reiteradas ocasiones al presidente Piñera».
Venezuela, corrupción, políticas económicas y seguridad energética y cibernética, serán los principales temas que ambos mandatarios abordarán en Washington DC.
Directores de colegios podrán sancionar a alumnos por uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas y/o a quienes agredan físicamente a miembros de la comunidad educativa.
El gran objetivo de este plan de Gobierno es lograr el desarrollo y la paz en la región de La Araucanía.
Mientras la diputada Fernández señaló que «»siempre hay que pedir disculpas a las víctimas», el senador Montes sostuvo que «falta más reflexión, más profundidad y más medidas».
A su salida del Te Deum ecuménico, el Mandatario aseguró que los miembros de la Iglesia «saben mejor que nadie que se equivocaron».
En cadena nacional, el Mandatario advirtió que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, planteará la llamada «cuestión de confianza», norma que abre la vía para disolverlo.