Entre las víctimas se encuentran dos hermanas de 13 y 21 años, junto a un hombre de 21 años.
Los empresarios, habrían generados perjuicios al Estado por más de $82 millones, por medio de dos pagos duplicados en el año 2020.
La investigación inició luego que la propia familia del cura levantara la denuncia.
El objetivo es que se “proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes necesarios para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en ese manifiesto”.
La lectura de la sentencia quedó fijada para el próximo 17 de junio.
Esto ocurrió tras un control preventivo carretero en la ruta 60-CH, a la altura del kilómetro 66.
Los hechos tuvieron lugar la noche del sábado en la población Alto Guacamayo, donde dos bandas rivales se enfrentaron en una balacera.
La víctima quedó embarazada y fue en ese momento que la madre se enteró de los ataques sexuales que sufría su hija.
«Quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país” indicó el religioso a través de un comunicado.
El imputado pasará al Centro de Detención Preventiva de Quillota por peligro de fuga.
El abogado representante de la familia, Cristián Canifrou, indicó que restan diligencias para establecer el paradero de González y la participación de posibles encubridores del delito.
El Tribunal decretó 90 días para la investigación.
De acuerdo a lo informado por Carabineros, la victimaria, quien fue detenida, no registra antecedentes penales.
Si bien en primera instancia se indicó que se trataría de un joven de 16 años, finalmente se confirmó que se trataba de un joven conscripto de 18 años.