Ex funcionario de la PDI, Nelson Jofre, señaló a Arturo Herrera, director de la institución entre 2003 y 2009, de obstrucción en la investigación judicial.

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s dos empresarios cuentan con el beneficio de poder sustituir su pena de cárcel por libertad vigilada. Para ello, deberán -entre otras condiciones- asistir a clases de ética empresarial.

Palabras se generan luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, solicitara el inicio de un antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro.

La medida es una acción precautoria, solicitada en medio del proceso caratulado como «Berrocal con Latin American Wings».

La ex Presidenta de la República valoró la condena en contra de nueve ex militares implicados en la muerte del cantautor nacional.

Se espera que en un plazo de 10 días el Ministerio Público presente la acusación en contra de 18 personas.

El secretario de Estado aseguró que el principal argumento para retirar el proyecto de reparación a víctimas de la dictadura fue «por razones económicas».

El cuestionario, que será formulado por la diputada Hertz (PC), apunta al retiro del proyecto que otorga un aporte reparatorio a las víctimas de prisión política y torturas.

Comisión Investigadora se centró en la correspondencia del acto realizado por el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, que permitió la creación de 101 nuevos cargos de notarios.

Consultado directamente si esta ley incluirá la adopción homoparental, el ministro sostuvo que «son los niños los que tienen derecho a ser adoptados y no las personas o parejas a adoptar».

El ex ministro de Justicia confirmó que el quiebre con la antigua administración es profundo.

El secretario de Estado pidió que «tratemos que este acto sea cívico, que los chilenos se sientan orgullosos de cómo el parlamento resuelve sus inquietudes y diferencias».

Cuestionario se realizará en torno a la política de derechos humanos del Gobierno y al retiro del proyecto que otorga un aporte de carácter reparatorio a las víctimas de la dictadura.

José Antonio Gómez habló sobre la indagatoria por presunto fraude al Fisco que asciende a $3.600 millones, por un programa (Ascar) que operó entre 2013 y 2016.