“Consideramos pertinente dar otros seis meses de plazo para que efectivamente el fallo se pueda cumplir”, indicó la ministra Vivanco.

“Recordemos que esta crisis no la generó este Gobierno, ni la Corte Suprema, tiene que ver con un modelo de negocios que se detectó y que se judicializó por cobros inapropiados”, recalcó la vocera.

“El proyecto que ha ingresado (el gobierno) al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna”, señalaron.

Esta iniciativa tiene por objetivo dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, estableciéndose un mecanismo para la fijación de los precios de planes.

Asimismo, el máximo Tribunal del país respaldó las medidas de mitigación propuestas.

Las isapres tendrán un plazo de 15 días corridos -a contar de la publicación de la resolución en el Diario Oficial- para informar si aplicarán ajustes.

“No son montos menores, son montos bastante interesantes. Podrían ser muy bien recibidos por las familias”, informó el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón.

El gremio indicó que “la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas al Fonasa”.

Los prestadores de salud privados pidieron celeridad en la implementación del fallo de la Corte Suprema respecto a la tabla de factores.

La iniciativa fue realizada en conjunto con el economista David Lebrón y fue presentado a la ministra de Salud, Ximena Aguilera y a la titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte.

Desde el sector indican que en los últimos 18 meses ha tenido un déficit de $222 mil millones de pesos.

“Ante una imposibilidad de ajustar las tarifas y con los costos de salud al alza, coberturas fijas y de por vida para los afiliados, las isapres caerían en un déficit permanente, que inevitablemente marcaría el final del sector” informaron por un comunicado.

“La Superintendencia de Salud estableció un indicador de costos de salud de 7,6%, el que de acuerdo a la ley debe entenderse justificado para todos los efectos legales, por lo que no puede existir ilegalidad ni arbitrariedad al ver lo explicado por mi representada”, explicó en los alegatos el abogado Colmena.

Este fondo será “universal, público e integrado”.