Además, durante esta mañana, la PDI confirmó que la funcionaria no utilizaba el chaleco balístico en la diligencia policial, ya que se encontraba encubierta.
Desde la institución indicaron que las imágenes “preocupan y conmueven”.
La emergencia se encuentra activa con cerca de seis focos de fuego.
El hecho está siendo investigado por la Fiscalía Militar.
El sujeto habría presentado una serie de heridas en sus manos.
En audiencia de formalización de la investigación, el juez Rodrigo Cortés Gutiérrez acogió, además, la solicitud del Ministerio Público de reformular los cargo que enfrentan tres de los cuatro imputados.
La investigación apuntaría a dos empresas que tienen la concesión de dichos servicios al interior del recinto.
La medida busca mantener la seguridad en el recinto viñamarino.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2005 y 2018.
La Contraloría iniciará juicios de cuentas que le permitan al Estado recuperar poco más de $44 millones.
El líder del Ministerio Público aseguró además que solicitarán más antecedentes a los jesuitas.
Desde la parte querellante anunciaron que se presentará un recurso de reposición.
El guardia quedó con firma mensual y arraigo nacional mientras dure la investigación.
Contraloría ordenó a Mendoza reintegrar los dineros a la municipalidad, sin embargo, éste se negó.