Esta iniciativa busca resolver los conflictos civiles en temas comerciales o de consumo sin tener que llegar a tribunales.

En la instancia, el Jefe de Estado, señaló que el Código Penal vigente responde “mucho más a la realidad del siglo XIX que a las necesidades del siglo XXI», por lo que «es necesario una actualización y modificación”.

«Me parece que una reforma constitucional sería el camino más adecuado», dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

El fin de semana fallecieron dos reclusos debido a un brote de Covid-19 mientras que un tercero se encuentra internado de gravedad en el Hospital de la Fach.

Si al momento de registrar a un recién nacido no se informa el deseo de cambiar el orden de los apellidos, se aplicará la regla que existe hasta hoy manteniendo el apellido paterno como primero.

La autoridad de Justicia, anunció que la iniciativa legal contempla sanciones para los delitos virtuales.

Al respecto, el fiscal nacional señaló que «es política de este fiscal recibir a las autoridades y al público que pide audiencia».

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, comentó la medida adoptada por la Corte Suprema, diciendo que «si el juez considera que corresponde, ¿por qué cuestionar su decisión?”.

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que «no corresponde» la movilización amenazada por los funcionarios, y que deben abrirse al diálogo.

Adherentes a la dictadura se manifestaron en la sala mientras el ministro Hernán Larraín respondía las preguntas de la diputada Carmen Hertz.

El cuestionario, que será formulado por la diputada Hertz (PC), apunta al retiro del proyecto que otorga un aporte reparatorio a las víctimas de prisión política y torturas.

Consultado directamente si esta ley incluirá la adopción homoparental, el ministro sostuvo que «son los niños los que tienen derecho a ser adoptados y no las personas o parejas a adoptar».

El secretario de Estado pidió que «tratemos que este acto sea cívico, que los chilenos se sientan orgullosos de cómo el parlamento resuelve sus inquietudes y diferencias».

Cuestionario se realizará en torno a la política de derechos humanos del Gobierno y al retiro del proyecto que otorga un aporte de carácter reparatorio a las víctimas de la dictadura.