El organismo enfatizó que no existían riesgos competitivos para introducir medidas de mitigación.
Ambas empresas fijaron un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo de implementación de la operación; esto junto a un pacto de accionistas, llevando a cabo un proceso de “due dilligence”.
La fusión fue aprobada por 10 votos a favor, cero en contra y 3 abstenciones.
La negociación se realizará a nivel de sus matrices. America Movil y Liberty Latin America, dejando fuera de la negociación las torres y TV de pago de la empresa mexicana.
Parlamentarios de la DC piden investigar el rol de las superintendencias de pensiones que habría permitido un beneficio tributario de $80.000 millones.