“Ya no espero nada, esa es la verdad”, señaló Estefanía Gutiérrez.

Esto, luego de la renuncia del persecutor y yerno del ex comandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, Andrés Iturra, investigado por el caso denominado Fraude en el Ejército.

Esto, en medio de la apertura de una investigación por presunto lavado de activos.

Abbott, además, ordenó durante la tarde de ayer, a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, abrir un sumario administrativo contra Izurieta e Iturra, quienes se desempeñan en esa fiscalía.

“El señor Abbott, cuando era candidato, pidió conversar con varios de los senadores que nos tocaba después la responsabilidad de aprobar o rechazar la propuesta que hiciera la entonces Presidenta”. Estas fueron parte de las palabras del senado de la DC, Jorge Pizarro.

En la instancia también participó la delegada episcopal para la Verdad y la Paz, Andrea Idalsoaga.

No obstante, el fiscal nacional Jorge Abbott comentó que «el accionar de un caso o una zona en particular, no habla de toda la institución».

En cuanto al momento en que se presentó esta solicitud de remoción, Abbott criticó a los parlamentarios que lo hicieron diciendo que «me parece grave».

Pleno de ministros consideró que «no existen motivos ni evidencias que demuestran el abandono de deberes» planteado por los parlamentarios que impulsaron la acción.

Investigación de la Fiscalía de Quintero abarca todos los episodios de contaminación que se han registrado en la zona, desde el derrame de 2014 hasta los dos hechos vividos la semana pasada.

Al respecto, el fiscal nacional señaló que «es política de este fiscal recibir a las autoridades y al público que pide audiencia».

Proceso para analizar su eventual destitución se podría extender de tres a cuatro semanas.

El fiscal nacional se reunió con el enviado papal, a quien le explicó que solicitarán antecedentes al Vaticano para investigar casos de abuso sexual en la Iglesia.

Instrucción señala que si un adolescente persiste en la comisión de conductas delictivas, se buscará la aplicación de una sanción aumentando la intensidad de una intervención penal.