La región Metropolitana concentra más del 50% del total de empresas morosas, sumando un 55,63%. Le sigue Valparaíso, con 8,67% del total del país.

Comisión Evaluadora está analizando las tres propuestas que se presentaron a la licitación pública, alternativas que serán expuestas al Concejo Municipal para que sean estudiadas.

Prohibición de faenas se mantendrá activa mientras los planes operacionales no sean analizados y aprobados por la Seremi de Salud.

Entre las sanciones se establecen cargos de hasta 5.000 unidades tributarias mensuales (más de $240 millones) y presidio medio, en los casos más graves.

Tribunal de alzada de Valparaíso tomó esta decisión luego de acoger un recurso presentado por vecinos de ambas comunas debido a los últimos episodios de contaminación.

«Se necesita sí o sí cerrar las fuentes contaminantes», señaló el consejero regional UDI, quien además pidió a las autoridades «tener la voluntad política suficiente».

Hasta este jueves 6 de septiembre se habían realizado 31 fiscalizaciones a 12 empresas que tienen Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y que están presentes en el cordón industrial.

La empresa que se adjudique la concesión deberá administrar el terminal viñamarino por los próximos 16 años.

El alcalde Shapr aseguró que «tenemos toda la voluntad de avanzar y esperamos que con este tipo de reuniones ir concretando avances importantes para la región”.

A contar del 1 de junio entraron en vigencia dos Decretos Supremos que entregarán una serie de beneficios a los pacientes electrodependientes.

El ministro de Hacienda explicó que estas empresas «deben tributar», con el objetivo que aporten «al desarrollo de Chile y nivelen la cancha con sus competidores».

Con este proyecto se pretende acotar los plazos de pago de las facturas a un máximo de 60 días, situación que beneficiará principalmente a las pymes.

El propósito de estas denuncias es que las empresas sean sancionadas con el máximo de las multas, que puede llegar hasta 50 UTM ($2.365.000) por cada uno de los incumplimientos denunciados.

La puesta en práctica de la normativa ha perjudicado a muchos vecinos de comunas vulnerables socioeconómicamente, siendo vecinos de El Bosque, San Ramón y Lo Espejo los más afectados.