La secretaria de Estado se comprometió a estudiar la iniciativa, que exige a las empresas de transporte público y privado realizar cada 6 meses un control de detección de consumo de drogas con costo para las empresas y que será fusionada con la del diputado Cuello.

“Muchas personas han retornado a sus actividades habituales y eso hace indispensable que el Estado se haga cargo remunerando la labor de las personas que, y sobre todo mujeres, trabajan en las más de 70 ollas comunes en Viña del Mar y también en el resto de la región de Valparaíso”, aseveró el parlamentario.

“Puede ser un camino de solución, en el corto y mediano plazo” a una demanda que genera “tanta afectación a miles de familias” indicó Sharp.