Además, el legislador planteó que el tema «no se ha abordado con la seriedad y el cuidado que amerita».

El secretario de Estado pidió que «tratemos que este acto sea cívico, que los chilenos se sientan orgullosos de cómo el parlamento resuelve sus inquietudes y diferencias».

Cuestionario se realizará en torno a la política de derechos humanos del Gobierno y al retiro del proyecto que otorga un aporte de carácter reparatorio a las víctimas de la dictadura.

Rolando Jiménez, vocero del Movilh, valoró que el Ejecutivo «entienda que el ASA es un compromiso de Estado que se debe cumplir, al margen de las autoridades de turno».

El diputado de la UDI condenó las palabras de Ignacio Urrutia, asegurando que «nada ni nadie, nunca podrá justificar ni menospreciar la violación a los derechos humanos ocurrida en Chile».

Luego de un proceso que duró cerca de cinco meses, la Mandataria decidió otorgar el indulto solicitado por el Instituto de Derechos Humanos de la región de Tarapacá.

La corte, con sede en Francia, estableció una indemnización de 30.000 euros para Portu y de 20.000 euros para Sarasola por «daños morales».

El presidente del Movilh, Ramón Gómez, explicó que «es alarmante que un espacio convocado por el INDH sea escenario de insultos, más aún cuando las ofensas tienen una connotación homofóbica».

Comisión de Familia de la Cámara quiso conocer las razones que llevaron a la destitución del abogado el pasado 15 de enero por el consejo de la entidad.

Además se aprobó la integración de personas casadas en la iniciativa y la eliminación de exámenes patologizantes para el ejercicio del derecho de identidad.

Hoy se aprobó incorporar a la “expresión de género” como una nueva categoría protegida, así como considerar como derecho de las personas trans el cambio de nombre y sexo legal.

La moción, que será analizada en particular los días 9, 10 y 11 de enero, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género de las personas.

La ex candidata presidencial del Frente Amplio realizó esta solicitud explicando que «en los próximos cuatro años no se va a cerrar”.

Se coordinaron las visitas de fiscalización y revisión que, periódicamente, se realiza a los centros para supervisar las condiciones de los adolescentes.