“Lo que tenemos que hacer es, cuando a todos nos toque en nuestro sector, personas que han tenido comportamientos poco éticos o delincuenciales, apartarlos”, argumentó la saliente timonel del PPD.
El documento deja en evidencia a 15 personas que trabajaban en el Serviu o Seremi y que fueron contratadas por fundaciones, incluyendo Democracia Viva.
Desde el organismo indicaron que la decisión adoptada se fundó en antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista en carpetas investigativas de cada caso.
Desde el partido anunciaron que subsanarán lo observado por el Tribunal.
La jugada judicial se da cuando quedan días para que se cumpla para ejecutar la restitución de los fondos.
En entrevista con Mesa Central el secretario de Estado apuntó a una serie de errores en la asignación de recursos a la cuestionada fundación.
“Creo que es propio de nuestros valores compartidos hacernos cargo de lo que hacemos y de lo que omitimos, aseguró la parlamentaria”.
“Como consecuencia del término anticipado de estos convenios, la fundación se encuentra en la obligación de restituir los montos no rendidos”, informó la CDE.
Esta medida ratifica la cautelar impuesta el pasado 6 de julio.
Durante la jornada de ayer se informó que la Seremi de vivienda de Antofagasta habría puesto término anticipado a los contratos con dicha fundación.
En total son $426 millones entregados por la Seremi a la fundación para el desarrollo de tres proyectos.
El senador Latorre junto a la directiva de la colectividad recibieron información 10 días antes de que se conociera el caso de forma pública.
En tanto, un 92% de los encuestados cree que la Diputada Pérez “sí sabía” del traspaso de fondos a la fundación Democracia Viva.
La decisión se anticipó a una posible expulsión el partido por parte del tribunal suprema de la colectividad.