“Ángelo (Berti) después de todo este episodio se encuentra con reposo y licencia médica, renunció a la Seremi por un cuadro ansioso-depresivo que le provocó todo esta situación”, explicó el abogado demandante.
En la demanda se señala que incluso Marco Antonio Pinochet habría acusado a la trabajadora de robo.
“Yo no tuve responsabilidad alguna en la rendición electoral de Karina Oliva, ni en primera ni en segunda vuelta al gobierno regional, ni en su campaña a senadora, aseguró la ex jefa de campaña.
Serían más de 5 mil millones de pesos en pagos previsionales y de salud, que el Municipio les adeuda a las y los profesores de la comuna, lo que en algunos casos, les impide jubilarse o recibir atención médica.
La empresa habría cargado a las cuentas de electricidad, seguros de vida, de salud, de accidentes personales, además de servicios de asistencia al hogar, entre ellos, gasfitería, electricidad y cerrajería, entre otros.
La ley 21.247, establecía que en el marco de la pandemia del Covid-19, aquellos trabajadores que estaban haciendo uso del permiso postnatal parental durante el Estado de Catástrofe, tenían derecho a una Licencia Médica Parental Preventiva.
la acción judicial busca que sea indemnizado debido a que la exigencia de la dirigencia del club a Emiliano Astorga para no hacerlo jugar y de esta forma evitar que cumpliera con el 50% de los minutos del torneo para renovar su contrato.
Esta demanda se presenta luego que la propuesta entregada por la empresa al SERNAC fuera considerada insuficiente, porque no compensaba a todos los consumidores afectados.
La demanda presentada por Conadecus solicita que “se pague una indemnización total de $54 mil millones” a aquellos usuarios que se han visto afectados.
En la demanda solicitan que el Tribunal ordene la rectificación de los dichos en el matinal del 13, recalcando en pantalla que cometieron un error en la emisión del reportaje.
La viuda acusó “una maquinación fraudulenta” para quedarse con parte de su patrimonio.
El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) solicita una compensación de $ 200 millones.
En la demanda, solicitan reconocer la propiedad de los terrenos ancestrales de Isla de Pascua.
La demanda apunta a las pérdidas ocasionadas por las restricciones de la pandemia del Covid-19.