Se trató de un procedimiento coordinado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Carabineros, el Municipio de Viña del Mar y las Seremis de Bienes Nacionales y Salud con la finalidad de combatir el comercio informal como medicamentos.

Jeanette Bruna, abogada que asesora a un grupo de propietarios afectados, manifestó que la Delegación Presidencial de Valparaíso, no garantizó la seguridad de los departamentos deshabitados.