La decisión se da tras una petición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objetivo de disminuir el monto de $680 millones a $410 millones.
9º Juzgado Civil de Santiago estableció la responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización a la empresa Minera San Esteban Primera S.A., dueña del yacimiento.
Iglesia asoció demandas legislativas del organismo LGBTI con el abuso de niños.