Desde la parte querellante anunciaron que se presentará un recurso de reposición.
En agosto el Mandatario anunció la implementación de un nuevo modelo para cuidar a los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, las residencias familiares. El objetivo es que puedan restituir su derecho a vivir en un entorno familiar
Asociación de Trabajadores del Sename calificaron la medida como «desproporcionada e injusta», razón por la que anunciaron las movilizaciones para los próximos días.
Se trata de unos 40 trabajadores de bodegas, secretarias, portería y del área contable, entre otros, a los cuales se les informó que no se contará con ellos para el próximo año.
Juzgado de Garantía de Valparaíso formalizó a ocho personas por los presuntos delitos de tortura y apremios ilegítimos registrados al interior de este establecimiento entre 2015 y 2017.
Esteban Elórtegui aseguró que «si los niños hubiesen estudiado en los Sagrados Corazones de Viña o en el Mackay, estos imputados ya habrían sido formalizados».
El fiscal que investiga las acusaciones de apremios ilegítimos y maltratos, Juan Ignacio Sepúlveda, reveló detalles de las denuncias en contra de funcionarios del recinto.
Directora del Sename, Susana Tonda, explicó que los menores de este recinto serán trasladados a residencias familiares.
«Basta ya. Es el momento de acciones concretas». De esta manera reaccionó el senador por la región de Valparaíso tras conocer el informe elaborado por la ONU.
No obstante, también se registran denuncias por venta de medicamentos a los menores, además de maltratos físicos y psicológicos.
Además, el legislador planteó que el tema «no se ha abordado con la seriedad y el cuidado que amerita».
Además, el Mandatario expuso que «si bien no marchan, no protestan, no votan, no por eso (los niños) dejan de estar en el corazón de las prioridades de nuestro Gobierno».
Un 48% de los menores acogidos por los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa presenta retraso escolar.
La solicitud de la Comisión de Familia de la Cámara fue ingresada con motivo de las medidas que la CIDH pidió tomar al Estado frente a la crisis que vive el recinto.