Celis argumentó que el hecho” no sólo atenta contra los derechos laborales y previsionales de quienes se desempeñan en estas corporaciones municipales, sino que también contra el eficiente y eficaz manejo de fondos públicos, y contra el cumplimiento de los fines de una Municipalidad”.

Esta orden, tiene directa relación con el incumplimiento de pagos a proveedores y cotizaciones durante la administración de Virginia Reginato.