Su presidente, Francisco Leturia, afirmó que se trata de acciones que reciben el consenso de los técnicos y que espera logren concitar el apoyo político que se requiere para su implementación.

Carabineros, el Ejército y la Fach aseguraron no tener información respecto a lo solicitado.

“No debí expresarme así”, dijo Leturia tras la comentada publicación.

La Corte negó la concurrencia del secreto tributario aludido por el SII.

El titular de Transparencia enfatizó en la necesidad de impulsar medidas inmediatas que se apliquen al alto mando y la introducción de mejoras al PdL presentado por el Ejecutivo que regula la rendición de cuentas en entidades que dispongan de este tipo de gastos.

Consejo para la Transparencia recordó que se trata de material que, al estar en el contexto de una investigación judicial, “le agrega un componente penal bien sustantivo”.

Los canales digitales de denuncia fueron propuestos por el Consejo para la Transparencia y hoy forman parte de las medidas destacadas en el Acuerdo por la Seguridad Pública.

CPLT afirmó que de haber ocurrido una situación similar en Uber Chile, la actual normativa de protección de datos personales no habría permitido a las autoridades tomar medidas acordes.

Para Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, se trata de un buen momento para que el Ejército “revise esa estrategia y la retome”.

Presidente del CPLT, Marcelo Drago, comentó que la probidad «es y debe seguir siendo un principio rector en nuestro quehacer como funcionarios públicos”.

Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, llamó a Correos a «hacerse responsable de adoptar las medidas de seguridad para que esos datos no sean extraídos».

Presidente del CPLT, Marcelo Drago, señaló que en el caso de Quintero se entiende la demanda asociada al acceso a información de carácter medioambiental.

Marcelo Drago explicó que nueva iniciativa debe «contemplar a todos los organismos públicos, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos Constitucionales”.

De estos procesos, 288 han terminado con multas que variaron entre un 20% y un 40% del sueldo del funcionario implicado.