Tras el análisis de nuevos antecedentes entregados por el Ministerio Público, el Servicio Electoral apreció la eventual comisión de delitos electorales por financiamiento ilegal de campañas políticas.

A través de un oficio, el contralor Bermúdez indicó que «las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad».

La medida regirá en 346 comunas del país.

«Lamento que se filtre una nómina de personas que recibieron aportes por la vía legal sin saber de donde provenían puesto que al ser reservados nunca supieron quién era el donante. Esto no es así porque a mi me guste. Es así porque la ley lo establece», precisó Rossi.