Los diputados de la Democracia Cristiana René Saffirio y Ricardo Rincón ingresaron un proyecto de ley que terminaría con los beneficios procesales contemplados en causas judiciales a autoridades eclesiásticas. Lo anterior se produce en el contexto de la reciente declaración del cardenal Errázuriz y de la inminente declaración que tendrá que realizar el cardenal Ezzati, el próximo 22 de octubre, en juicio entablado por las víctimas del caso Karadima.

En esas diligencias, el cardenal Francisco Javier Errázuriz descartó concurrir al palacio de tribunales y fijó un domicilio para realizar la declaración.

Cabe recordar que  la norma establece que determinadas personas, en razón de su cargo o función pública, quedan exentas de comparecer ante el tribunal, otorgándoles el derecho de prestar declaración en el domicilio que ellos fijen, dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. En este caso se encuentran, entre otros, el presidente de la República, los Ministros de Estado y otras autoridades; pero, también, las autoridades eclesiásticas como el Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos. A mayor abundamiento, también los religiosos, incluso los novicios pueden hacer uso de este derecho.

Sobre lo anterior el diputado René Saffirio explicó que , precisó que no parece razonable que subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas “ya que no ejercen ningún tipo de función pública». Asimismo el diputado agregó que la situación actual daña la ritualidad procesal pero “también la prestancia y la solvencia ética y moral de la justicia frente a personeros que han, a lo menos, actuado en calidad de encubridores de delitos graves como los que se investigan en el caso Karadima”.

En la misma línea, el diputado Ricardo Rincón dijo que «se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no sólo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico».