“Queremos justicia”, “devuélvanos nuestros trabajos”, “nosotros también existimos”, eran las consignas de un grupo importante de víctimas directas del derrame de petróleo en Quintero, la agrupación de fileteros de jibia, busca una respuesta ante este desastre ambiental que los tiene sin su fuente de trabajo hace ya un mes. Es por eso que agradecieron el apoyo de la senadora Lily Pérez, quien de un principio a estado con este grupo de personas asesorándolas legalmente y preparando los documentos necesarios para presentar además acciones legales civiles, que permitan una indemnización a los afectados.

 Al respecto la representante de la Región Valparaíso Cordillera fue directa y clara señalando, “hoy estamos aquí para exigir justicia, queremos que se sepa la verdad de quienes o quien es el responsable de este derrame de petróleo que tiene todo nuestro borde costero afectado, impactando directamente en nuestra gente que vive de la actividad pesquera. En conjunto con el equipo de abogados, no descartamos que haya algún funcionario público vinculado a ENAP que tenga responsabilidad sobre esta desgracia ambiental en la zona”.

Además la senadora de Amplitud, acompañada por el concejal de Quintero, Rolando Silva, destacó que el equipo de abogados trabajará de manera gratuita (pro bono) en esta querella, agregando que “no basta con declaraciones cargadas de buenas intenciones o al boleo por parte de algunos personeros de gobierno u otras autoridades, sino que se deben realizar acciones concretas a favor de la comunidad afectada, que realmente nos lleven a una solución, a fin de precisamente solucionar una problemática ambiental causado por una negligencia de carácter doloso, es por eso el origen de esta querella”.

 Por su parte, el abogado querellante, Vladimir Mondaca, explico algunos alcances del procedimiento. “Esta querella dice relación con la figura penal del artículo Nº 136 de la Ley de Pesca, que indica que son sancionados penalmente los actores, cómplices o encubridores, que tengan participación en el vertimiento o en el derrame de una material contaminante, en este caso petróleo crudo, en el mar o costas marítimas. Estamos representado a 30 familias que hoy se ven afectadas en su quehacer diario y que sufren un menoscabo personal por lo acontecido”.

 Cabe destacar que el equipo jurídico junto a la senadora, están a la espera de los resultados del informe final de la Armada, con el objetivo de obtener mayores antecedentes que aporten a la investigación del caso. Junto con lo anterior, la autoridad regional sigue atenta todos los pasos de organizaciones que buscan un plebiscito ciudadano que no permita la instalación de nuevas industrias contaminantes en la zona, a fin de apoyarlos en su lucha por un medioambiente libre de contaminación.