Diez años han pasado desde que la familia Silva Figueroa sufrió la pérdida de su hija de nueve meses Emilia, tras un accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad. Se transformó es una historia que no solo repercutió en Chile sino en todo el mundo.

Luego se transformó en el 2014 en la Ley Emilia una normativa que modificó la ley de tránsito estableciendo fuertes sanciones para quienes manejan en estado etílico.

Durante esta década han realizado diversas actividades para trabajar por su objetivo de sensibilizar y prevenir siniestros viales a nivel país, también han sido un pilar fundamental en el apoyo a víctimas directas o indirectas de un siniestro vial, otorgándoles ayuda psicológica o jurídica de manera gratuita.

En todo este periodo contaron con la ayuda del sector público y privado,  pudiendo realizar más de 400 talleres en diversos establecimientos escolares, más de 70 seminarios dirigidos a comunidades universitarias y laborales y emotivas campañas publicitarias que han contado con la colaboración de figuras como el piloto chileno Ignacio Casale y el animador Francisco Saavedra, entre otros. Pero hoy el futuro para seguir con la causa se ve incierto.

De acuerdo a cifras oficiales analizadas por Fundación Emilia, este año, entre enero y septiembre han ocurrido 47.227 siniestros viales, 1.044 fallecidos y 4.446 lesionados graves. Por conducción en estado de ebriedad, han ocurrido 4.040 siniestros viales y 92 fallecidos. Por exceso de velocidad, 226 fallecidos y 225 por no ir atento a las condiciones del tránsito  y 16 fallecidos por conducción bajo efecto de las drogas.

En Fiestas Patrias este año, se registraron 61 personas fallecidas en siniestros viales, lo que significó un incremento de un 64,9% respecto a  2019, año donde la celebración también tuvo varios días de duración.

Bajo este panorama, la Fundación hoy no está pudiendo solventar a largo plazo lo que significa una de sus labores más importantes: la atención a víctimas. Y así también, peligra el funcionamiento total de la institución por falta de fondos y la posibilidad de perder un proyecto tan necesario para la comunidad.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación, comenta que “el área de atención a víctimas tiene como fin ayudar a mejorar, por medio de una orientación y atención especializada a las víctimas directas/indirectas en los ámbitos psicológico, social y jurídico, las consecuencias negativas de la victimización. La atención a víctimas no puede seguir funcionando con los remanentes que dejan otro tipo de proyectos, porque hablamos de personas que deben reinsertarse socialmente y enfrentar largos procesos penales, que no siempre concluyen de forma satisfactoria”.