Funcionarios de la Armada, Carabineros y de la Municipalidad de Arica, iniciaron la orden de desalojo de la ocupación ilegal del inmueble de playa Arenillas Negras, comenzando con el retiro de enseres y muebles desde las dependencias.

El desalojo de los ocupantes del inmueble ilegal se inició pasadas las 9 horas, con la presencia de la Policía Marítima, quienes, apoyados por Carabineros, comunicaron al encargado sobre las acciones. Recordar que a inicios de octubre se procedió a la notificación a través de un operativo, mandatado desde la Delegación Presidencial, donde personal de Salud constató que el recinto estaba funcionando con la patente vencida, con conexiones no autorizadas para el gas y agua potable, y otras irregularidades.

En el lugar, la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas inició el proyecto “Mejoramiento Borde Costero Playa Arenillas Negras”, que partió con la etapa del diseño de ingeniería y participación ciudadana, para recuperar ese sector y transformarlo en beneficio de la comunidad con su colaboración.

Al referirse a esta intervención, el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana Oteíza, señaló que “es una instalación que funcionaba de manera irregular, se inició un proceso judicial y hoy día se está concretando el desalojo”. Indicó que “como Gobierno hemos realizado distintas actividades para recuperar espacios públicos. Tenemos en ese sector un proyecto importante desde el Ministerio de Obras Públicas, que tiene relación con el borde costero en beneficio de la comunidad en general”.

Desde la Gobernación Marítima se dispondrá patrullaje para resguardar las instalaciones mientras se concretan las acciones.

CRONOGRAMA

Los antecedentes se remontan al 2008, cuando venció la concesión marítima otorgada por la Subsecretaría de la Fuerzas Armadas. Posteriormente, entre el 2008 y 2015, el encargado del recinto ingresó un proceso para la renovación, la cual fue denegada desde la misma Subsecretaría, encargada de entregar las concesiones marítimas.

Luego, entre el 2015 y 2021, el propietario creó diferentes procesos administrativos y judiciales, los cuales todos fueron rechazados. En 2021 fue notificado de que debía entregar el bien fiscal. Finalmente, ese mismo año se realizó una fiscalización con la Armada, siendo sancionado y ordenándose el cierre del recinto.

En 2019, la antigua Gobernación Provincial ya había ordenado el desalojo. Este año se coordinó una fiscalización multisectorial, operativo mandatado desde la Delegación Presidencial con el objetivo de verificar la legalidad de las actividades comerciales que se realizaban en el lugar.