Una dramática situación están viviendo los vecinos del condominio La Gloria de Casablanca, en calle Alejandro Galaz, luego que, después de las primeras lluvias de este año quedara al descubierto la pésima construcción del conjunto habitacional construido luego del terremoto de 27 de febrero 2010, con el fin de entregarles una vivienda digna a los damnificados por el gran sismo,

Barraza también explicó que «el alcalde Rodrigo Martínez se ha portado muy bien. Nos prestó ayuda y nos ha ayudado a inspeccionar por parte de la Dirección de Obras y también nos colaboró a hacer un reclamo ante el Serviu. Ha venido gente del Serviu, pero nos han hecho reparaciones muy menores. Yo quiero que me respondan por lo menos por los daños, ya que yo invertí para tener mi casa más digna. Es una cuestión impresentable».

A nivel judicial, en un plazo estimado de tres meses, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) debió pagar una indemnización de 2 millones 930 mil pesos a cada uno de los dueños de las llamadas “casas Copeva”, las viviendas que resultaron inundadas después de tres días de temporales, en junio de 1997, a pocos días de ser inauguradas en Puente Alto.

La prensa de la época dio cuenta que 700 milímetros de lluvias cayeron en el temporal de junio de 1997, que anegó las casas Copeva. Las precipitaciones corresponden al agua que normalmente cae en todo un mes.

Un largo proceso

En 1997, los temporales que se dejan sentir desde mayo causan serios daños en viviendas sociales de Puente Alto, Quilicura y Pudahuel. El Serviu Metropolitano y la empresa contratista Copeva se culpan de lo ocurrido.

El ministro de Vivienda de la época, Edmundo Hermosilla, renuncia luego de reconocer que el dueño de Copeva, Francisco Pérez Yoma, le había regalado un caballo.

En septiembre , Ismael Contreras asume como ministro en visita. Al año siguiente, abogados de vecinos de Puente Alto solicitan sobreseer a Copeva.

Tres ejecutivos de Copeva son procesados por Contreras en 1999 como supuestos autores de delitos reiterados de estafa. La Corte de Apelaciones de San Miguel anula los procesamientos y la causa es sobreseída sin culpables a fines de ese año.

En octubre de 2001, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago condena al Minvu, al Serviu y a la Municipalidad de Pudahuel a indemnizar a 700 propietarios.

Después hubo más fallos. En 2006, la Corte de Apelaciones confirma una sentencia para que Copeva indemnice al Serviu.

En septiembre de 2009, la Corte de Apelaciones deja sin efecto una indemnización a propietarios de la Villa Ferroviaria de Puente Alto. En noviembre, la Corte Suprema decide que el Serviu debía indemnizar en Pudahuel.

“Les pedimos perdón a las 592 familias, se jugó con el sueño de la casa propia”, dijo el Ministro de Vivienda del gobierno anterior, Rodrigo Pérez:

“Perdón” fue la palabra que más reiteró el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. En cuatro oportunidades, el titular del Minvu se disculpó ante las familias, tras conocer el fallo que condenó al Estado a pagar el daño moral y emergente causado, por las fallas técnicas de las denominadas “Casas Copeva”: el conjunto que se inundó completamente en un temporal en 1997.

“Corresponde hacer algo que se debió hacer hace mucho tiempo: pedir perdón a estas 592 familias porque se jugó con el sueño de la casa propia, porque los problemas y sufrimientos que tuvieron que atravesar fueron producto de una política habitacional mal implementada y mal ejecutada”, señaló el secretario de Estado en su momento.