Directo a la Cámara de Diputados y Diputadas, se dirige el proyecto que modifica la ley sobre el otorgamiento y uso de licencias médicas con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores, y establecer las sanciones administrativas y penales. Esto, luego que la Sala del Senado aprobara la norma en particular por unanimidad.

La Comisión de Salud aprobó el texto tras lo cual, la Comisión de Hacienda lo revisó sin presentar indicaciones. Así los senadores presentes en la sesión ordinaria respaldaron la redacción elaborada por la instancia ad hoc.

PROYECTO

La iniciativa iniciada en mensaje, y que cuenta con urgencia de discusión inmediata, viene a actualizar la ley N° 20.585 publicada hace nueve años. De esta forma, apunta a fortalecer la capacidad fiscalizadora de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), aumentando sus facultades y otorgándoles herramientas adicionales.

En concreto, se apuesta por aumentar las multas y períodos de suspensión de médicos cirujanos, cirujano dentistas y matronas que emiten licencias médicas, muchas veces de manera sistemática, beneficiando a personas que no están enfermas.

Parte de la redacción aprobada es la siguiente:

“Solo podrán emitir licencias médicas aquellos prestadores que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales que para estos efectos lleva la Superintendencia de Salud, que se encuentren en el territorio nacional, lo que se asegura a través de la técnica de georreferenciación,  y que hayan aprobado el Eunacom, el que será exigible solo a quienes obtuvieron o revalidaron el título profesional a partir del 19 de abril de 2009”.

“Si se acredita la emisión de una o más licencias médicas sin fundamento médico, en ausencia de una patología que genere incapacidad laboral temporal, la superintendencia respectiva aplicará las siguientes sanciones:

• Suspensión de 180 días de emitir licencia médica y estar en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, y una multa de 140 UTM. En el caso de falta reiterada, la multa puede ser el doble.
• Suspensión de un año de emitir licencia médica y estar en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, y una multa de 200 UTM, en el caso de reincidencia en un lapso de 5 años.
• Suspensión de 3 años de emitir licencia médica y estar en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, y una multa de 350 UTM, en el caso de segunda reincidencia en un lapso de 5 años.
• Suspensión perpetua de la licencia de médico cirujano, cirujano dentista o matrona y la cancelación perpetua en el Registro Nacional de Prestadores Individuales y una multa de 600 UTM, en el caso de tercera reincidencia en un lapso de 5 años”.

“El facultativo que entregue certificación falsa de enfermedad o lesión con el fin de eximir a una persona de algún servicio público, será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de entre 300 y mil UTM. Aquel que haga uso de estos documentos falsos será castigado con una sanción dos grados menor a la anterior”.

Durante el debate en Sala, intervino el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, quien explicó el aumento de las licencias médicas desde la pandemia y el incremento de este fenómeno delictual. “Se identificó un alza en la prescripción de licencias que se concentraba en unos pocos profesionales. Esto tiene un alto impacto en el gasto fiscal. El proyecto busca hacerse cargo de esto estableciendo requisitos y multas a los infractores”, describió.

En la sesión ordinaria intervinieron los senadores Francisco Chahuán, Iván Moreira, Rojo Edwards y Alejandra Sepúlveda.

Los legisladores hicieron referencia al fraude a Fonasa conocido en diciembre pasado: “en el 2022, se detectaron 10 millones de licencias falsas”, “el pago del subsidio de incapacidad laboral representó un punto del PIB del año pasado (más de 3 billones de pesos)” y “la entrega de 32 mil licencias médicas por año”.

También se describieron casos de médicos extranjeros que otorgan dicho beneficio desde el exterior, “donde es imposible que estos facultativos hayan podido hacer un diagnóstico, indicar un tratamiento y prescribir una licencia”.

Asimismo, se hizo ver “la necesidad de atacar el otro lado de la cadena, es decir, los pacientes que hacen uso de las licencias fraudulentas. Esto porque no basta con sancionar al médico en cuestión, sino que es necesario desincentivar la conducta en aquellos que buscan esta herramienta”.

A su vez, se hizo el punto sobre la pertinencia de “reflexionar sobre la realidad de las instituciones del Estado como son las sedes de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social, que no siempre apoyan a los trabajadores”.