El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a Z.M.A.A. a la pena de 15 años de presidio efectivo, en calidad de autora del delito consumado de parricidio.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Angélica Jiménez Lagos (presidenta), Manuel Muñoz Chamorro y Rocío Oscáriz Collarte (redactora)– dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que durante la mañana del 22 de enero de 2017, “nació en dependencias del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, la niña K.E.R.A., hija de Z.A.A., la cual se encontraba en normal estado de salud con un resultado de 9,9 sobre 10 puntos en el test de Apgar. No obstante aquello se dispuso, a partir de su nacimiento y por orden médica, que la recién nacida debía permanecer hospitalizada y posponerse la lactancia materna a la espera de los resultados de diversos exámenes, suministrándose medicamentos a la madre a fin de impedir dicha acción”, indicaron en el fallo.

“No obstante lo anterior, el día 23 de enero de 2017, sin que se hubiere dispuesto el alta médica, la acusada (…) abandonó el recinto hospitalario junto a su hija recién nacida, trasladándola a su domicilio ubicado en la misma ciudad de Viña del Mar, donde esta residía junto a su pareja (…) y sus otros hijos. En esas circunstancias, el día 26 de enero de 2017, la niña K.E.R.A., quien se encontraba al cuidado de su madre Z.A.A., falleció a consecuencia de un ‘fallo multiorgánico, compatible por intoxicación por cocaína’, determinándose en el organismo de la menor la presencia de ingesta reciente o aguda de dicha sustancia, la cual fue suministrada por su madre durante su permanencia con ésta al interior del domicilio y encontrándose, además, en los análisis toxicológicos de la víctima la presencia del metabolito anhidroecgonina metilester, indicativo de droga metabolizada en el organismo de la niña fallecida”, agrega.

De esta manera, además de la prisión efectiva, el tribunal aplicó a la condenada las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Finalemente, se indicó que vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de la sentenciada para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.