Durante la reunión extraordinaria de su Consejo Nacional, la Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile -CONAPYME- acordó declarar públicamente que las organizaciones gremiales que la integran son autónomas e independientes y que en su condición de tales, no pueden adoptar posiciones de carácter político en general y menos definirse con respecto a la elección presidencial del próximo domingo 19 de Diciembre.

La máxima entidad gremial de los empresarios mipymes del país declaró, que como gremio, tiene el legítimo derecho de dialogar con todos los candidatos para conocer sus respectivos programas de gobierno, como asimismo, poner en su conocimiento las inquietudes, problemas y aspiraciones del importante sector de la economía que representa, pero por respeto a todos ellos, no puede asumir posiciones de carácter político por cuanto no le corresponde, ya que sus dirigentes no han sido elegidos para decidir por sus representados.

Conapyme y los gremios de empresarios mipymes que representa, hace fervientes votos para que el acto eleccionario se lleve a efecto como siempre en forma normal y que los electores cumplan con el deber cívico de votar para elegir al futuro Presidente de la República que regirá los destinos de la nación para el próximo período constitucional, al que desde ya, formula sus mejores deseos de éxito en su gestión futuro para el bienestar general de Chile y de todos los chilenos.

Durante el desarrollo de esta reunión extraordinaria, se acordó también dejar constancia de su preocupación por la salud de la población y alertar, tanto a las autoridades correspondientes como al país en general, que deben estar muy atentas para enfrentar los contagios que, según los organismos nacionales e internacionales, continuarán hacia el futuro. Los gremios mipymes reiteran su reconocimiento a todos los funcionarios de la salud por su abnegada labor desarrollada en este período de pandemia.

Finalmente, los gremios de empresarios mipymes plantean su legítima inquietud, tanto a las autoridades del Ejecutivo como del Legislativo por las graves consecuencias que podría ocasionar el contenido del proyecto de ley que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo, la que perjudicará en mayor grado a este sector que entrega más del 50% del empleo nacional.