Luego de recoger demandas a nivel país con respecto a las barreras con las cuales se encuentran las personas con discapacidad para poder acceder a un subsidio habitacional, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carolina Marzán, ofició al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward y al Director Nacional de Serviu, Samuel Domínguez, para solicitar el diseño e implementación de un programa especial habitacional inclusivo, que asegure un mayor número de beneficiarios de subsidios habitacionales para personas en situación de discapacidad, así como también, la entrega de viviendas que cumplan con la normativa de accesibilidad universal de la ley 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

“Adquirir una vivienda propia es cada vez más difícil. Las personas en situación de discapacidad tienen un panorama aún más complejo. Deben sortear enormes barreras impuestas por sus condiciones específicas y por la sociedad. El acceso a un trabajo, problemas de desplazamiento, pagar tratamientos, son sólo algunos de los inconvenientes que muchas veces les van empobreciendo. Un 16% de la población tiene algún grado de discapacidad, esto es, alrededor de 2 millones seiscientas mil personas, que son un grupo prioritario para el Estado. Sin embargo, en materia de vivienda, esto no se ve reflejado. Sólo el 5% de los beneficiarios de Subsidios DS49 son destinados a familias con una o más personas con discapacidad y esto se agudiza con otros beneficios como el programa de habitabilidad rural”, dijo la Diputada Carolina Marzán.

La parlamentaria del distrito 6 agregó que “Por ello, solicité al ministro Ward, que estudie el diseño e implementación de un programa especial habitacional inclusivo, que asegure un mayor número de beneficiarios de subsidios habitacionales para personas en situación de discapacidad y la entrega de viviendas que cumplan con la normativa de accesibilidad universal sobre igualdad de oportunidades e inclusión social”.

Marzán como presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, busca la  creación de un programa social habitacional que conjugue una serie de factores orientados en beneficio de este importante grupo de la población, con perspectiva de integración e inclusión, que permitan la convivencia de los barrios con respeto, inclusividad y educación y que aumente el número de los beneficiarios de subsidios y programas habitacionales destinados para personas en situación de discapacidad, además de que se cumpla efectivamente con la normativa técnica de inclusión.

Cabe señalar, que existen agrupaciones que, de manera espontánea, se han organizado con el fin de lograr obtener mejores resultados en cuanto a las soluciones habitacionales para personas en situación de discapacidad. Tal es el caso, del Comité de Allegados con Enfoque en Discapacidad, Maipú Newen, de la Región Metropolitana, quienes demandan el sentido de urgencia existente para que cierta parte de los recursos públicos sean destinados a viviendas focalizadas en favor de grupos prioritarios.

La presidenta de dicha agrupación, Carolina Carrasco, cuenta que su hija “es la única a nivel nacional con todas la patologías que tiene, es paciente de teletón, la tengo en hospitales, consultorios. Lamentablemente la discapacidad empobrece. Yo tengo trabajos informales y no puedo costear un arriendo y tuve que vivir de la caridad y buena voluntad de un familiar que me pudiera tener en su casa, viviendo de allegada. Somos muchas las familias con discapacidad que no tenemos acceso a la vivienda, ya sean personas con discapacidad o madres cuidadoras porque no tengo acceso a un crédito hipotecario, no puedo trabajar ni siquiera media jornada porque soy cuidadora 24/7 y la opción es un subsidio que son súper engorrosos, nos cuesta ahorrar para lo que nos exige el Estado, SERVIU”.

En el oficio despachado por la diputada Marzán, se señala que “según el nivel de ingresos, la prevalencia de la discapacidad es mayor en los quintiles de menores ingresos. En los quintiles I y II se observan las mayores prevalencias, teniendo éstos un 25,5% de personas en situación de discapacidad en el primer quintil, y un 24,4% de personas en situación de discapacidad respecto del total de personas pertenecientes al segundo quintil de ingresos. En el tercer quintil de ingresos un 19,7% de personas se encuentra en situación de discapacidad. Como podemos deducir, a este importante grupo de la población le es aún más difícil acceder a una vivienda, más aún, a una vivienda que cumpla con los estándares que satisfagan sus necesidades de desplazamiento”.