Este lunes, la mesa de la Convención Constitucional encabezada por presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa,se reunió con la Contraloría y el Consejo de Transparencia en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago.

Elisa Loncón detalló que la reunión tuvo como fin “iniciar un sistema de colaboración para garantizar el manejo de la transparencia de todo lo que tiene que ver con la información de los constituyentes”.

«Este manejo también es para la fiscalización de la ciudadanía en la labor que nos corresponde hacer a nosotros como funcionarios públicos. Nuestra apuesta es descansar en el sistema público ya establecido para tener un buen manejo administrativo y también un buen manejo desde la ciudadanía de los quehaceres y todo lo que corresponde», indicó.

A su vez, Gloria de la Fuente, presidenta del CPLT, detalló que “lo que hemos querido hacer el día de hoy es venir a ponernos a disposición respecto a todo aquello que podamos hacer desde nuestras instituciones para colaborar en materia de transparencia, probidad, en aquellas cosas que son obligaciones de la Convención Constitucional hoy día, pero también en aquellas materias que pueden ser definidas por la Convención el día de mañana”.

El contralor Bermúdez explicó que “lo que vamos a hacer acá es colaborar con la Convención para que pueda tener los mejores estándares en materia de publicidad de sus actuaciones, de transparencia, de declaraciones de intereses y patrimonio. Para eso, entonces, nosotros como órganos estábamos puestos a disposición de la Convención, los sistemas que están hoy día y de manera que esto signifique que desde ahora puedan cumplir con sus obligaciones que le corresponden de acuerdo a la legislación”.

Además sostuvo que “en primer lugar, cada convencional tiene que cumplir con ciertas obligaciones en materia de transparencia y publicidad de sus actuaciones. Para eso tienen que publicar todas las reuniones que estén cubiertas por la legislación de lobby, pero aparte tienen que cumplir con las declaraciones de intereses y patrimonio”.

Bajo la misma línea, agregó que “En ambos casos, las instituciones que estamos acá hemos puesto a disposición los sistemas que ya existen, para que toda la ciudadanía pueda conocer tanto esas declaraciones, como por ejemplo el registro de reuniones y actuaciones que ellos realizan. El plazo es de 30 días desde que asumieron en sus funciones, es decir hasta el 4 de agosto en este caso del presente año. Pero estamos bien porque los sistemas están disponibles desde ya, así es que no me cabe duda que se va a cumplir en tiempo y forma».

Finalmente Bermúdez informó que “La Contraloría no tiene facultades de fiscalización respecto de la Convención, por lo tanto, es la propia Convención la que debe que darse sus normas para poder ver qué va a ocurrir en casos de incumplimiento. No obstantes nosotros ponemos a disposición el sistema».