Con los votos a favor de los senadores Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza y Jaime Quintana; y los votos en contra de los senadores Felipe Kast e Iván Moreira, la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar del proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias en el marco de las detenciones ocurridas en el estallido social.

La iniciativa, que ya fue respaldada en la Comisión de Derechos Humanos, ahora deberá ser estudiada por la de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Cabe recordar que el proyecto tiene su origen en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Alejandro Navarro quienes señalaron que se fundamenta “en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social”.

En esta sesión, expuso el sacerdote Felipe Berrios quien abogó por los detenidos y entre otros ejemplos, citó el criterio adoptado con los camioneros que infringieron la ley, buscando una salida política a un tema político.

El presidente de la instancia, senador Francisco Huenchumilla, señaló que el encarcelamiento de los presos del estallido “es una situación política y por lo tanto son presos políticos” y agregó que “las instituciones públicas y el Estado tienen que estar disponibles para juzgar los hechos no como una situación de normalidad, sino de excepción”».

Por su parte, el senador Felipe Kast calificó la aprobación del proyecto como “un hecho lamentable” y consideró que la iniciativa “le entrega amnistía total a quienes recurrieron a la violencia y están siendo juzgados por los tribunales”.

En una línea similar, el senador Moreira señaló que el proyecto es “contradictorio y sesgado” , agregando que es “una bofetada para miles de víctimas del estallido socia”.

En tanto los senadores Insulza y Quintana plantearon que se debe diferenciar entre los manifestantes y los reales delincuentes, mientras que el senador Latorre -uno de los autores del proyecto- valoró que se haya puesto en tabla y se tramitara con sentido de urgencia.