El Consejo para la Transparencia entregó estadísticas anuales, evidenciando un incremento en 2020 de un 10% de la cifra de solicitudes de acceso a información registradas con el respecto al año anterior, alcanzando los 245.816 requerimientos, con 22.244 más que en 2019.

Respecto de las instituciones más requeridas en 2020, es decir, aquellas que concentraron mayor número de peticiones para poder obtener antecedentes en poder instituciones del Estado, se posicionaron: la Subsecretaría de Bienes Nacionales con (22.474 solicitudes), en el segundo el Registro Civil e Identificación (con 5.747), luego la Dirección General de Aguas (con 5.572), Subsecretaría de Educación (MINEDUC) (4.521), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (con 4.345 solicitudes) y Gendarmería de Chile (3.652) seguida muy de cerca por la Subsecretaría de Salud Pública (3.493 solicitudes).

El Consejo destacó las alzas de las cifras en el caso del Registro Civil, que subió del cuarto al segundo lugar de los organismos más solicitados entre 2019 y 2020 (con un incremento de más de un 40%), y la Subsecretaría de Salud Pública que pasó del puesto 12 al 7, con sobre un 20% más de solicitudes en 2020 con respecto al año anterior.

“Hemos visto que la normativa en materia de acceso a la información pública es sensible en alguna medida a eventos o coyunturas específicas que enfrentan los países”, comentó la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente. Agregó: “Es una cuestión que se comenta en foros internacionales en los que hemos participado y también identificamos que ocurre en nuestro país a la luz de este balance 2020”.

En cuanto a los casos que son presentados ante el Consejo –mayoritariamente reclamos porque el organismo no respondió a la solicitud de información en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia, porque la respuesta fue insatisfactoria o la entidad denegó los antecedentes a quien los requirió-, la presidenta del CPLT subrayó que el año estuvo “marcado por el estallido social y el Covid-19”.

Esto, especificó, dado que un porcentaje importante de las instituciones en contra de las cuales la ciudadanía pidió un pronunciamiento del Consejo porque no respondieron o no lo hicieron satisfactoriamente a juicio del solicitante, están vinculadas “al ámbito de la seguridad y orden público, y luego a la gestión de la emergencia sanitaria en sus distintas etapas”.

El CPLT informó que las instituciones que generaron más presentaciones en 2020 ante este organismo fueron Subsecretaría de Salud Pública (con 336 casos), el Registro Civil (con 223), Carabineros (con 207), la Subsecretaría de Interior (con 187), la Subsecretaría de Redes Asistenciales (con 148) y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública (con 132).

La titular del Consejo aclaró que la pandemia deja grandes lecciones que apuntan a la necesidad no sólo de apertura sobre las acciones de las autoridades sino también del proceso decisional: “En esta crisis sanitaria hemos aprendido que la transparencia y el acceso a la información son claves para conocer los fundamentos de las decisiones que toman las autoridades y para generar confianza en la decisión misma”.

Transparencia y vacunación

De la Fuente se refirió a la relevancia de las herramientas de transparencia que permiten obtener información del Estado mediante requerimientos específicos que son enviados a las instituciones, pero también a la proactividad de las entidades públicas. Al respecto comentó: “la autoridad requiere poner a disposición de la ciudadanía aquella información a la que están obligadas las instituciones públicas ya sea en sus páginas web en las secciones de transparencia activa como respondiendo los requerimientos que reciben”.

Consultada por el proceso de vacunación espetó: “tanto o más importante y dado que esta va a ser la política pública más relevante del 2021 tienen que disponibilizar información clara relacionada con el proceso mismo de vacunación”. “Por ejemplo, en qué consiste la estrategia y el presupuesto para su ejecución, quiénes recibirán la vacuna. De hecho, oficiamos a las autoridades para obtener antecedentes y estamos a la espera de respuesta sobre detalles de este proceso”, espetó.

Sobre el acceso a información con fines de control social afirmó: “Entendemos, y es un diagnóstico que compartimos con organismos de Transparencia en la región, que a veces la normativa de acceso a la información pública no conversa en sus tiempos necesariamente con una respuesta oportuna y, por ello, además de tener que modernizar nuestra normativa tenemos que entender que la transparencia proactiva es un instrumento muy útil en el que se juega la confianza en las decisiones y que puede salvar vidas”, finalizó.