Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía retomó a través de videoconferencia  la audiencia de preparación de juicio oral de la causa contra 31 imputados como autores de los delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos en Carabineros de Chile.

El desarrollo de esta etapa procesal previa al juicio oral había sido interrumpida el 16 de marzo pasado, tras la declaración de alerta sanitaria por Covid-19, es por esto que en la jornada de hoy la magistrada Marcia Figueroa debió resolver la incidencia plateada por algunos intervinientes, que solicitaron suspender la audiencia hasta que fuese posible constituirse presencialmente.

Tras escuchar las alegaciones de la veintena de intervinientes presentes en la audiencia virtual, la jueza Figueroa resolvió que se reunían las condiciones para continuar con la preparación de juicio oral, de la cual solo resta la presentación de prueba de una de los imputados y la lectura del auto de apertura.

En su decisión y haciéndose cargo de los descargos de los intervinientes, la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago recordó que el legislador no regula las audiencias de preparación de juicio oral ya iniciadas, como si lo hace con la suspensión de los plazos establecidos en los artículos 248 y 281 del Código Procesal Penal, que son las opciones que tiene el Ministerio Público para acusar, no perseverar o pedir el sobreseimiento y la realización del juicio oral.

“Por lo anterior, no hay regla expresa que resuelva la incidencia planteada por las defensas, sino que ella debe ser resuelta teniendo en cuenta todas las circunstancias que envuelven la presente audiencia”, señaló la magistrada.

Respecto a las eventuales dificultades técnicas para realizar una audiencia por videoconferencia con una cantidad importante de intervinientes, el tribunal tuvo presente solo resta es el ofrecimiento de la prueba de una de las defensas y la dictación del correspondiente auto de apertura, lo que sumado a que la Corte Suprema -en su acta N° 53 de abril del presente año-  expone precisamente que las audiencias con imputados privados de libertad, como es el caso, deben efectuarse con los debidos resguardos.

Finalmente, en lo que dice relación a la infracción de garantías constitucionales, «lo cierto es que ninguna de las defensas que promovieron la incidencia señaló concretamente cual era la garantía constitucional afectada y las circunstancias de dicha afectación, lo que es una exigencia para un eventual recurso de nulidad (…) no continuar con la presente audiencia si afecta la garantía constitucional de un juicio en el más breve plazo sobre todo teniendo presente que hay siete imputados en prisión preventiva y  otro tanto con medidas restrictivas de libertad como son los arrestos domiciliarios», concluyó la magistrada Marcia Figueroa.