Según lo publicado ayer por Biobío, el Gobierno está impulsando un proyecto legal que desvincula al Ministerio Público de las investigaciones por delitos medoambientales, facultando, en su lugar, a la Superintendencia del Medioambiente para que la Fiscalía realice una investigación criminal y ha generado un rechazo transversal en el Congreso.

La iniciativa, que fue ingresada al Senado por el Presidente Sebastián Piñera en enero pasado, no se conoce en su totalidad, pero está generando un amplio debate en ambas Cámaras, ya que, en caso de ser aprobada, los delitos medioabmientales y tributarios quedarían con un sistema parecido, pues sin una querella propuesta por el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía no puede actuar en este tipo de casos.

El primero en manifestar su rechazo fue el diputado ecologista Félix González, quien expresó que el proyecto se enmarca en una agenda pro inversión, que fue propuesta por las empresas, dejando al ecosistema en segundo plano, «porque lo que hace es quitarnos a la Fiscalía, por un lado, pero también a la comunidad, la posibilidad de emprender las querellas».

El que también mostró su desacuerdo fue el senador Alejandro Navarro, quien señaló que «este proyecto de ley, claramente, viene a ser un atentado en contra del medioambiente, porque las principales investigaciones del daño ambiental surgen de los procedimientos penales, es decir, la denuncia a la Fiscalía para que realicen las actuaciones y las investigaciones, que es, particularmente, el caso de Coronel».

Crudo iraní y Enel

Según el medio citado, en las regiones de Bio bío y Valparaíso, la investigación hecha por la fiscal Ana María Aldana ha dado resultados positivos en determinar, más rápidamente que la Superintendencia del ramo, las responsabilidades de las empresas Enel y Enap, respectivamente, en los casos de contaminación que afectan a las comunas de Coronel, Talcahuano y Quintero.

En el caso de la intoxicación masiva que se vivió el año pasado en la última comuna, la fiscal determinó que el causante fue el crudo iraní, altamente tóxico, que compró la estatal Enap para ser refinado.

Por esta razón, el dirigente de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, subrayó la amenaza que la aprobación de este proyecto legal contemplaría, puesto que los delitos ambientales quedarían sujetos a la voluntad política del gobierno de turno, tal como sucede, a su juicio, con los crímenes tributarios.

«Que sea solo la Superintendencia del Medio Ambiente quien pueda presentar las querellas queda absolutamente al arbitro político de las investigaciones. Escuchamos muchas críticas, incluso desde Chile Vamos, respecto a lo que hace el Servicio de Impuestos Internos», expresó Aedo, por lo cual considera al proyecto como un retroceso.

A juicio del presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Rodrigo Cerda, este proyecto no es válido, pues marcaría un precedente para quitarle, con el tiempo, más facultades al Ministerio Público.

Por último, el abogado y presidente regional de la DC, Nicolás Haurí, evaluó positivamente la iniciativa, ya que se contemplarían como delitos aquellas infracciones que sólo se veían como faltas administrativas, no obstante, advirtió que se necesitan elevar las sanciones para los delitos medioambientales y capacitar a los funcionarios de la Superintendencia, ya que, según su punto de vista, en estos aspectos el Ministerio Público es superior.