Un conflicto no le permitió a la Municipalidad de Quintero ser parte de la denuncia masiva que los ciudadanos presentaron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, debido a que – según un comunicado – si bien es cierto que presentó un recurso en contra de Enap, una ONG presentó una denuncia en contra del municipio, razón por la cual, al juntar todas las demandas en una sola causa, no pudo presentarse.

Empresas acusaron «falta de claridad»

Ayer fue el turno de que la Corte de Apelaciones escuchara a las empresas afectadas por el caso de la intoxicación masiva, quienes acusaron de «falta de claridad» al equipo de abogados solicitantes y, además, pidieron que se rechace el proceso contra ellos.

Los abogados de las nueve empresas cuestionadas declararon por más de dos horas, según El Mercurio de Valparaíso, diciendo que no hay certeza de qué gases causaron la contaminación ambiental. Una de ellas es Enap, compañía que presenta más recursos en su contra y una sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, cuyo abogado, Germán Concha, explicó que «se ha aludido a Enap, pero no hay hechos específicos». 

Concha agregó que «no hay antecedentes que apunten a Enap…no sabemos qué lo causa y, por lo tanto, no podemos saber quién lo causó». 

El abogado señaló varios episodios que fueron desmentidos por la empresa estatal, como por ejemplo, la intoxicación de funcionarios de la PDI en su interior, la acusación de usar tres sustancias tóxicas en los procesos y la formación de una nube tóxica.

El profesional también se refirió a los componentes del crudo iraní que investiga Fiscalía, admitiendo que contiene ácido sulfhídrico, pero señalando que «Enap demuestra que el componente especial fue identificado, se utilizó la tecnología correspondiente, se utilizó internacional y que eso nunca se mezcló con el medioambiente». 

Por su parte, Hugo Botto, abogado de la termoelétrica AES Gener, solicitó rechazar el recurso que la empresa tiene en su contra, debido a que no se emanan hidrocarburos, por usar el carbón como base. En este sentido,  Botto declaró que no existen funcionarios afectados por intoxicación.

El abogado de Codelco Ventanas, Luis Cordero, señaló que la empresa invirtió recientemente 159 millones de dólares en iniciativas medioambientales, la cual le ha permitido trabajar bajo la normativa vigente.

Daniel López, abogado de Gasmar SA, detalló que la causa presentada apunta a responsabilidades del Estado, por lo cual su representado no puede hacer nada al respecto, destacando, además, que han sido fuertemente fiscalizados, por lo que no se registraron emanaciones. Los sumarios que tienen son anteriores a la intoxicación masiva.

Los abogados de Oxiquim y Puerto Ventanas señalaron que las empresas representadas no cuentan con sanciones estatales, por lo que no se declaran responsables.

Como conclusión, todos los profesionales coincidieron en que las empresas han sido constantemente fiscalizadas por los organismos estatales desde que ocurrió el hecho.