Tras una ronda de audiencias públicas, la Comisión de Constitución despachó el articulado del proyecto de ley, en segundo trámite, que fortalece el resguardo del orden público .

 La gran parte de las normas se aprobaron con votación dividida (3 a favor y 2 contra); mientras que las restantes, tales como, la disposición que permite al Ministerio del Interior querellarse cuando existan delitos contra Carabineros y que sean delitos contra la autoridad, los cometidos contra la policía uniformada, se despacharon con votos de mayoría.

 De este modo, la iniciativa quedará en condiciones de ser remitida a la Sala una vez que sea evacuado el informe respectivo por la Comisión. Cabe recordar que, en la sesión anterior, la instancia había aprobado en general la iniciativa por 3 votos a favor y 2 abstenciones. (ver nota relacionada)

 En el debate en particular intervinieron los senadores Hernán Larraín, Alberto Espina, Soledad Alvear, Carlos Larraín yPatricio Walker, quienes hicieron presente sus distintos puntos de vista sobre la iniciativa también conocida como “ley antiencapuchados”.

 Asimismo expusieron ante la Comisión que se transmitió en vivo: el Ministro del Interior,  Andrés Chadwick; el General Director de Carabineros, Gustavo González; los representantes del Instituto de Derechos Humanos, de la Organización Greenpeace y de Amnistía Internacional, y los profesores de derecho y especialistas, Mario Fernández,  Jorge Bofill,Gonzalo Medina, y Juan Pablo Mañalich, entre otros.

ALCANCES DE LA NORMA

 El senador Larraín Fernández hizo presente la necesidad de buscar una fórmula adecuada que permita resolver en forma adecuada el conflicto de derechos que se produce entre el legítimo derecho a manifestar y el derecho al libre tránsito, a la integridad personal y de la propiedad de personas que se ven afectadas por pequeños grupos violentistas. “No podemos so pretexto de garantizar el derecho de reunión dejar en la impunidad a grupos que cometen actos violentos”.

 El senador Espina refutó las críticas a este proyecto “es falso que se pretenda criminalizar las manifestaciones”, dijo y recalcó que el texto legal “es mucho más débil en las sanciones que muchas otras legislaciones de países democráticos de Europa”. Asimismo defendió la labor de Carabineros y fustigó “el doble estándar que existe respecto a la preocupación de los derechos humanos” porque “no he visto a ninguna organización de DDHH levantar la voz para establecer normas de resguardo para ciudadanos cuya única misión es evitar actos de vandalismo”.

 La senadora Alvear hizo énfasis en que “siempre he rechazado la violencia venga de donde venga” y aclaró que “mi espíritu es buscar una solución adecuada a problemas como estos”. No obstante, indicó que no le parece adecuado que se le ponga discusión inmediata, en pleno periodo electoral “a un proyecto de la envergadura y tan delicado como éste”. Apuntó además a la inconveniencia de sancionar a las personas que usen pañuelos o se cubran el rostro ya que, se puede confundir a quienes lo hacen por motivos de salud con encapuchados.

 En tanto, el senador Larraín Peña aludió a la ineficacia de las normas vigentes precisamente porque “es el ocultamiento de las personas las que perforan directamente la posibilidad de acreditar los medios de prueba en los desmanes”. Aludió además al proyecto presentado durante la administración de la ex Presidenta Bachelet donde se admitía la “participación de seudomanifestantes en conductas delictivas”.

 Por su parte, el senador Patricio Walker aclaró que “todos repudiamos la acción de quienes cometen delitos amparándose en el anonimato”, pero el punto es analizar si la legislación actual es suficiente  y cuál es la mejor redacción de la norma. Da la sensación que no hubiera norma, pero la hay, y permite a Carabineros actuar y hacer control de identidad si esta disfrazado o encapuchado”. No obstante, aclaró que “disfrazarse no es delito pero hoy con este texto legal se aprobó algo distinto”. Lamentó que el gobierno haya insistido en discusión inmediata “lo que evitó que se abriera un plazo de indicaciones”.

Finalmente, el ministro Chadwick valoró la aprobación del proyecto porque “nos permite contar con más instrumentos legales y más severidad en las penas para enfrentar a encapuchados a quienes abusen del derecho de reunión y afecten la seguridad y propiedad de las personas”.