El Tribunal Constitucional dio luz verde al proyecto «Aula Segura». Así lo detalló la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien señaló que -de acuerdo a la sentencia- la normativa se ajusta a la Carta Fundamental.

La iniciativa busca entregar facultades a los directores y sostenedores frente a hechos graves de violencia, como los ocurridos este año en el INBA y el Liceo de Aplicación.

En concreto, cuando un alumno sea sorprendido en actos violentos, habrá un plazo máximo de 10 días para definir si continúa en el mismo establecimiento o es transferido a otro.

«Cuando se toma conocimiento del hecho violento, se notifica al estudiante y a su apoderado, respetando el debido proceso para que puedan hacer sus descargos, y se presume siempre inocencia, hay bilateralidad en la audiencia, todas las garantías que tiene el debido proceso», explicó la ministra hace algunas semanas.

Durante el debate parlamentario se determinó que el procedimiento no podrá durar más de 10 días, a los que se sumarán otros 5 en caso que el estudiante pida que el fallo sea reconsiderado.