Un presunto tráfico de armas al interior de una unidad dependiente de la 23ª comisaría de Carabineros de Talagante se encuentra investigando la Fiscalía, luego que se habrían introducido 118 pistolas, revólveres y escopetas al mercado informal.

Según información del Ministerio Público, cada una de estas armas eran vendidas en $2 millones a una banda, que era liderada presuntamente por funcionarios de la policía uniformada que están siendo parte de la investigación del organismo persecutor.

En conversación con el diario La Segunda, el fiscal del caso Heriberto Reyes, señaló que «los carabineros eran los líderes de este aparataje. Tenían montada una verdadera asociación ilícita para obtener armas de fuego, registrarlas con todo el procedimiento y luego venderlas en el mercado negro a delincuentes».

De igual manera, el persecutor sostuvo que «identificamos armas que fueron usadas en homicidios y asaltos. Sólo ellos podían hacerlo, porque concentraban todas las facultades para fiscalizar» y precisó que «en manos de los delincuentes quedaban armas nuevas, de última generación».

Hasta el momento se ha detenido a unas 30 personas por su eventual conexión con el caso, cinco de los cuales están relacionados a Carabineros, uno de ellos en servicio activo y cuatro en condición de retirados. No obstante, desde la Fiscalía aseguraron que estos cuatro policías (r) mantienen contrato vigente con la institución.