El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del contralor Jorge Bermúdez, apeló al fallo de la Corte de Apelaciones que ordenó la reincorporación de Dorothy Pérez como subcontralora.

En el recurso, el CDE calificó de «artificiosa» la argumentación de los ministros del tribunal de alzada, asegurando que por medio de esto se llegó a «conclusiones aberrantes» y agregaron que «no se cumple con el deber de fundamentación, que es exigible a toda resolución judicial».

También plantearon que se efectuó «una intrincada interpretación de diversas normas legales, a fin de determinar el marco jurídico por el que, a su juicio, se rige el cargo de subcontralor, para reconocerle a Dorothy Pérez un derecho que no tiene, o al menos, que no es indiscutido, para justificar así la supuesta ilegalidad del acto».

Al respecto, la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, sostuvo que «tampoco existe garantía constitucional indubitada alguna, lo que queda de manifiesto la artificiosa argumentación que realiza el sentenciador para dar por establecida su supuesta vulneración».

El documento también manifiesta que «el fallo incurre en una interpretación absurda y contraria a derecho de las normas legales expresas que regulan la materia sobre la que se ha pronunciado, arribando a conclusiones aberrantes, inconciliables entre sí y con el contexto no sólo de la ley orgánica de la Entidad Fiscalizadora, sino que también de todas las leyes de derecho público».

De esta manera, la tesis que entrega la defensa del contralor indica que Dorothy Pérez no tendría una carrera funcionaria, sino que era de exclusiva confianza de Bermúdez, la que se perdió.