Luego que el presidente Sebastián Piñera firmara el proyecto que moderniza la Ley de Transparencia, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, analizó la iniciativa del Gobierno.

Cabe precisar que entre las materias que aborda esta modificación a la normativa vigente se cuentan: la definición de un sistema integral de Transparencia; la inclusión de nuevos actores a las obligaciones por Transparencia como órganos autónomos del Estado –Banco Central o Contraloría General de la República- y de entidades privadas que reciben recursos estatales –como fundaciones o universidades privadas-; además de reforzar la apertura de documentos públicos, entre otras a través de la eliminación de las denominadas leyes reservadas, actualmente 199 según cifras del CPLT.

Al respecto, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, señaló que “los titulares que escuchamos son positivos y queremos respaldarlos, independientemente de que después cuando veamos el texto definitivo podamos hacer nuestras observaciones y abrir un debate para ver si es el mejor camino”.

En materia de aumento a los sujetos obligados por ley a transparentar sus decisiones y procedimientos, Drago explicó que “creemos necesario contemplar a todos los organismos públicos bajo una misma vara, incluyendo el Congreso, el Poder Judicial y los Órganos Autónomos Constitucionales”.

Además, insistió en que “si hay una sola ley de Transparencia tiene que haber una sola vara para todos los organismos del  Estado, no pueden haber criterios distintos”.

Respecto de las asesorías en el Senado, el titular de Transparencia planteó que “está llegando el minuto en que el Congreso deje estar en situación de juez y parte, en esta situación de tener que resolver por sí y ante sí materias que le competen. Lo importante es entregarle a un tercero imparcial las disputas».

Acerca del sistema de Transparencia, Drago dijo que se requiere de la integración y coordinación del funcionamiento de una serie de normativas surgidas en el último tiempo para combatir la corrupción como: acceso a la información pública, fortalecimiento de la democracia, probidad, lobby o protección de datos personales.

Finalmente, sobre la indicación presentada por el Ejecutivo a la Ley de Datos Personales, que amplía las atribuciones y deja la materia bajo la institucionalidad del Consejo para la Transparencia, Drago comentó que la transparencia y la protección de datos personales “tienen entre sí una relación natural”.