jueves 2 agosto de 2018 | Publicado a las 1:42 pm · Actualizado a las 1:42 pm
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Oposición evalúa acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema
Diputados de oposición manifestaron su rechazo por los fallos del máximo tribunal, que dejaron en libertad condicional a siete militares (r) condenados por delitos contra DDHH.
Junto con manifestar su rechazo y preocupación por los fallos de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, que dejaron en libertad condicional a siete militares (r) condenados en Punta Peuco por casos de derechos humanos, las bancadas de oposición anunciaron diversas acciones de fiscalización e incluso no descartaron apoyar una acusación constitucional contra los ministros.
Dicha acusación iría dirigida en contra de los ministros de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a siete reos.
Al respecto, el diputado Jaime Naranjo (PS), explicó que «han pasado a llevar diversas normas internacionales. Tenemos a juristas estudiando una posible acusación constitucional porque en esto hay elementos más que suficientes para acusarlos por notable abandono de deberes».
Por su parte, el jefe de bancada DC, diputado Matías Walker, señaló que “aquí estamos para manifestar nuestro rechazo a la resolución de la Corte Suprema que revocó el fallo de la corte anterior, que había denegado la libertad condicional a estos condenados por violación a los derechos humanos».
En ese sentido, planteó que «la situación es tan grave, que dentro de ellos está el coronel (r) Manuel Pérez, quien fue condenado por complicidad en el crimen del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos, que tiene que ver con la causa del asesinato del presidente Eduardo Frei, y que además se está investigando su implicancia en el posible asesinato del poeta Pablo Neruda».
De igual forma, la Cámara pidió al Senado que se constituya la comisión mixta respecto del proyecto de libertad condicional que promovió el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, para que no se concedan beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad entre el ’73 y el ’90».