-Las cifras de explotación sexual a menores de edad no son exactas debido a que los lugares en que este flagelo se practica, permanecen encubiertos durante años.

-SENAME anuncia cambio importante en su estructura institucional, con el fin de lograr un mayor respeto, garantía y protección de los Derechos de los Niños.

– Justicia chilena hace rato que está “atornillando al revés” entorpeciendo los esfuerzos de las entidades que trabajan a favor de la infancia.

Por Sigrid Boye

Dos hechos inquietantes se produjeron a mediados del mes en curso: el primero provoca tanto ira como repugnancia y no puede ser de otra forma ya que la explotación sexual de los niños está directamente asociada a la lascivia y al vicio de los individuos corruptos. El segundo, dejó boquiabierta a la comunidad chilena y es muy probable que la pregunta del día haya sido “¿Habré leído bien?” La concesión de beneficios legales a un par de pedófilos confesos, de la calaña de Claudio Spiniak y José Andrés Aguirre, alias “el cura Tato”, no sólo dejó atónitos a la mayoría de los chilenos decentes, sino que además puso en jaque una vez más la credibilidad de los ciudadanos en los sistemas políticos, legislativos y judiciales que los rigen.

El 19 de noviembre es una de esas fechas que todos quisieran olvidar, pero ello no es posible. Cuando se descubre una red de perversión que involucra a los seres humanos más indefensos y vulnerables, y se descubre que funciona desde hace nueve o diez años, ya no hay vuelta atrás en la conciencia colectiva; el país retrocede, las instituciones muestran sus peores falencias y lo que es más atroz, los niños sufren un escarnio que sólo se merecen los maleantes, es decir, esos mismos que la justicia chilena protege e indulta, a pesar de la gravedad de sus felonías.

Sobre tan doloroso tema es necesario aclarar que el concepto de “prostitución infantil” que se utiliza de manera generalizada para definir ese tipo de delito, en realidad es erróneo; la prostitución no la “comete” o ejerce el propio niño sino los adultos que lo ofrecen o lo contratan para que realice actividades sexuales por una suma de dinero, y ello, en términos de una correcta semántica, se denomina, o debiera llamarse, explotación sexual comercial infantil.

Esa clase de depravación existe desde que  el mundo es mundo, pero ello no constituye pretexto para que un país se jacte de “tener cifras bastante bajas”  en un área tan sensible. La corrupción de menores de edad es una lacra social de la peor índole y toda nación debería aspirar a suprimirla, no a disminuirla, mediante una legislación implacable, condenas a largo plazo para los infractores, permanentes rondas y redadas en los lugares de alto riesgo y una red anónima de vigilantes financiados con parte de los impuestos que pagan los chilenos.

El solo hecho de que las redes de pornografía y explotación sexual infantil permanezcan ocultas por una década habla muy mal de las políticas sociales que están en vigencia. Si allí existe un nicho para abrir y mantener un lucrativo negocio, quiere decir que también hay un vacío social y legal que pide a gritos la preocupación del Estado, con absoluta prescindencia del color político del gobierno de turno.  Habiendo voluntad estatal, los trámites para poner a los pedófilos tras las rejas y cortar todos los caminos que los acercan a los niños, no pueden ni deben demorar más de lo que dura una administración presidencial.

Otro hecho lamentable en el contexto actual es que no se dispone de cifras exactas sobre el comercio sexual infantil, debido principalmente a que las fuentes son tan clandestinas como las prácticas. Si bien el Servicio Nacional del Menor maneja números relativamente certeros, hay una elevada probabilidad de que no se haya contabilizado ni la mitad de los niños y niñas que acuden solapadamente a los locales donde los prostituyen. Además, se trata de un mercado que, por contradictorio que parezca, funciona en dos sentidos opuestos: por un lado se halla el dinero y el poder de unos pocos, y del otro, la pobreza y la indefensión de muchos. Cuando el poderoso se aprovecha del desvalido, se tiene la receta perfecta para crear el negocio más pérfido de todos los negocios.

Las eternas cifras ocultas.-

En junio de 1995, el Servicio Nacional del Menor, Sename, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, calcularon que unos cuatro mil doscientos niños y adolescentes entre los seis y los diecisiete años, practicaban el comercio sexual por presiones de terceros. En 1999, Unicef desestimó el aumento de esa cantidad  a cinco mil menores, como lo señalaron los estudios del momento, y expresó que era necesario tomar en cuenta la cifra oculta, producto de la clandestinidad.  El cálculo final en esa ocasión ascendió a un total de diez mil niños en la condición mencionada.

 En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud entregó un informe en el cual sostenía que en Chile trabajaban, hasta esa fecha, alrededor de doscientos mil niños, y aún cuando el estudio se refería a los empleos habituales en el entorno laboral infantil, el Sename mencionó la existencia de un “lado oscuro” según el cual uno de los trabajos que desempeñaban los menores estaba íntimamente asociado a “la peor forma de explotación”.

La vocera del Sename en esa oportunidad, la psicóloga Angélica Marín, determinó que hasta ese año, unos tres mil setecientos chilenos entre los once y los dieciséis años, eran objeto de explotación sexual en manos de adultos que percibían buenas ganancias por esos “servicios”. Aunque la edad señalada constituía un promedio, la escalofriante realidad ponía en ese escenario, a pequeños de cinco y seis años.

De acuerdo a las declaraciones del Director Regional del Sename, Marcelo Platero, las cifras actuales acusan ciento veinte casos de comercio sexual infantil en la Quinta Región, y un total de mil trescientos casos relacionados con todos los tipos de violencia sexual, tanto la prostitución como el abuso sexual y el maltrato físico y psicológico.

Conociendo los vericuetos de los cerros porteños y la pobreza de algunos sectores de esta zona, es posible que se trate de una cantidad mayor a la que arrojan las denuncias efectuadas en los organismos de protección a la infancia.

 Lo que dicen las leyes.-

El 14 de marzo de 2004 entró en vigencia la ley 19.927, que modificó los delitos de connotación sexual, elevó las penas para este tipo de ilícitos e incorporó nuevas figuras en el Código Penal, quedando en calidad de prácticas ilegales, la violación, el estupro, los abusos sexuales, favorecimiento de la prostitución, la corrupción de menores, la sodomía, y la producción y distribución de material pornográfico.

El delito más grave en el campo de lo sexual es la violación. La última reforma aumentó la penalidad de cinco años hasta un máximo de quince años, con la salvedad de que dicha condena puede aumentar si existen circunstancias agravantes inherentes al ilícito que se juzga.  En el caso de que la víctima sea un menor de edad, el acto sexual  perpetrado se denomina  violación impropia, no tiene ningún atenuante y la pena que se aplica va de cinco años y un día hasta el presidio perpetuo.

El estupro se produce cuando un adulto realiza un acto sexual con una persona cuya edad se sitúa entre los  catorce y los  dieciocho años. Se diferencia de la violación en cuanto a que la víctima puede haber consentido en mantener una relación sexual, pero sin la madurez que se requiere para comprender el alcance de su decisión, la cual quedaría bajo la responsabilidad penal del adulto infractor.  Este delito aumentó la pena anterior, (541 días a cinco años), a tres años y un día, como plazo mínimo, hasta un máximo de diez años.

El artículo 366  castiga al que realiza un acto diferente al acceso carnal, lo que incluye cualquier acto de significación sexual que implique contacto con los genitales o boca de la víctima, lo cual se penaliza con tres años y un día a cinco años de prisión, pero si se comete este delito contra un menor de catorce años, el castigo va de tres años a cadena perpetua.

Los ilícitos que involucran corrupción de niños, niñas y adolescentes, son juzgados de acuerdo a la siguiente clasificación: exposición de menores a actos de significación sexual, favorecimiento de la prostitución y, según la última figura incluida en el Código Penal, la producción y distribución de material pornográfico cuyos protagonistas son niños y niñas.

En el caso de la explotación sexual comercial infantil, las penas fluctúan entre los quince y los veinte años; si existe reiteración, abuso de confianza o engaño, se puede imponer una multa que va desde 31 a 35 UTM.

El Servicio Nacional del Menor.-

Este organismo gubernamental fue creado por Decreto Ley el 10 de enero de 1979 y entró en funciones el 1 de enero de 1980. Con el retorno de la democracia  y la fuerte influencia que tuvo la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la cual Chile suscribió junto con otras naciones, la población infantil adquirió relevancia, lo que detonó importantes cambios en la estructura social destinada a proteger su integridad física y psicológica, así como también, la seguridad de sus entornos.

Desde su fundación, el Sename ha estado presente en la mayoría de esos cambios, apoyando a la niñez en diversos frentes, entre los cuales cabe destacar el permanente respaldo que otorga a los niños, niñas y adolescentes que han sido maltratados o han sufrido algún tipo de abuso sexual. Otra de sus tareas prioritarias es la labor preventiva que realiza a través de campañas, operativos en terreno y publicidad impresa a favor de la infancia.

Según el Director, Marcelo Platero, uno de los cambios fundamentales que han afectado a los niños, es haberlos incorporado a la vida nacional como sujetos de derecho, con voz en todos los temas que los afectan, lo que propicia la implementación de políticas públicas ad hoc, de acuerdo a las expectativas de los más pequeños y de los que ya han alcanzado la etapa adolescente.

Respecto al nivel alcanzado por los delitos sexuales contra los menores de edad,  El Director señaló “que la cifra no ha aumentado, lo que aumenta son las denuncias, y eso también tiene que ver con un cambio cultural; con el buen trabajo que han hecho los medios de comunicación, las campañas del Sename y de otras instituciones de apoyo a la infancia, hoy la gente se atreve a denunciar y los niños están tomando un mayor protagonismo, dado a que la familia ya no es la única instancia en la que pueden exigir sus derechos.

En relación a los planes de la entidad para 2013, Platero informó que en el año en curso ingresó al Parlamento un proyecto de ley mediante el cual el  Sename se fundirá en dos nuevas instituciones: el Servicio Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia, y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente.

El primero tendrá a su cargo la administración del sistema de resguardo especial para niños, niñas y púberes cuyos derechos hayan sido vulnerados , quienes además, podrán acogerse al beneficio de adopción en el caso de no contar con una estructura familiar.  El segundo servicio se ocupará de la coordinación de la política pública y la administración del sistema de ejecución de sanciones en cuanto a la responsabilidad que le cabe a los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.

Posibles conclusiones.-

Sin ánimo de desmerecer la obra de todas las entidades que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de los niños chilenos, no cabe duda de que el monto de lo que resta por hacer supera y quizás duplica lo que ya se ha logrado.  De partida, rebajar las penas de violadores y pedófilos bajo la impresentable excusa de que “han tenido un comportamiento  sobresaliente”, no ayuda para nada en las metas que los gobiernos se han propuesto en materia de protección infantil, por el contrario, fomenta la reincidencia del delito sexual, el sufrimiento de nuevas víctimas, y la desconfianza de la gente común en los criterios de los poderes de Estado, una de las tantas razones por las cuales la juventud se abstiene de votar en las elecciones presidenciales y municipales.

Desde otro ángulo, la explotación sexual comercial de nuestros niños podrá rebajarse en algunos puntos porcentuales pero no mostrará los signos de un retroceso sustancial mientras no se erradiquen los llamados “bolsones de pobreza”, campamentos y poblaciones marginales donde los niños crecen y llegan a adultos sin vislumbrar las oportunidades que para los sectores de clase alta y medianamente acomodadas son alcanzables. Tanta desigualdad siempre tendrá consecuencias desfavorables para los niños, máxime cuando a esa desventaja se le suman las posibilidades de ser abusados una y otra vez por los depredadores sexuales.

Fotos: La Tercera.cl /24 horas.cl