En julio de 2016 comenzó a regir la ley 20.931, más conocida como agenda corta antidelincuencia. Los impactos que ella tuvo al interior de las unidades penales de la región de Valparaíso fueron expuestos por Gendarmería ante la Comisión Técnica Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.

Durante la presentación del director regional de la institución, coronel Eduardo Muñoz, se detalló que la cantidad de imputados vigentes al mes de junio de 2016 era de 1.246, mientras que a la misma fecha del año 2017 ascendió a 1.317.

Además, Muñoz indicó que «pudimos identificar tres ámbitos donde impacta la implementación de esta ley. En primer término está la composición de la población privada de libertad de la región. Vemos una modificación de esta composición en el sentido que hoy tenemos más población de imputados en puntos porcentuales, y eso genera dinámicas distintas en cada uno de los establecimientos”.

En lo que dice relación con los imputados por los tres delitos que en rigor señala la ley, que son los robos, hurtos y receptación, se observa un crecimiento de un 18,1% de esta población de imputados en consideración al primer semestre del año 2016.

Durante el primer semestre del 2016 ingresaron 1.198 imputados por este delito y en el primer semestre del 2017, con la ley ya implementada, subió a 1.464. «Ese es el 18,1% que está por sobre el porcentaje nacional, que es del 11,4”, afirmó el director regional de Gendarmería.

Otros puntos

Los otros dos ámbitos analizados es la readecuación de condena producto de la eliminación del concepto de malhechores y las condenados por maltrato de obra a gendarmes en servicio. Sobre este último punto han sido condenados ocho personas desde la implementación de la ley y se han presentado 43 requerimientos al ministerio público por acciones que se podrían ser tipificadas como maltrato a gendarmes.