Con una agenda recargada, a la que se suma su nuevo rol como presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), Patricio Sanhueza, rector de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), hizo un respiro para analizar los principales hitos que se tomaron la agenda universitaria durante 2017.

Junto con ello, resaltó el valor de las universidades estatales, y en especial, el impacto que eventualmente pueden generar en su entorno. Sin embargo, advirtió que para actualizar este potencial, es necesario implementar las leyes aprobadas por el gobierno saliente, proceso que seguirán atentamente, en calidad de observatorio de la implementación del cuerpo legal que las afecta.

Al respecto, Sanhueza inició su análisis diciendo que «las universidades se mueven en contextos complejos. El 2017 fue un año donde los proyectos de ley se aceleraron mucho más y eso significó que las distintas instancias estuvieran atentas a estos procesos y expusieran sus opiniones para que la educación pública tenga una relevancia en nuestro país y, particularmente la de carácter universitaria”.

– ¿Cuál es el concepto que hay tras estas iniciativas? 

Buscamos leyes que defendieran, que protegieran que cautelen el concepto de la educación pública en la educación superior. Se logró, por ejemplo, que la gratuidad no fuese un tema exclusivamente presupuestario, sino que quedara como ley permanente, que fuese progresivo en el tiempo, porque la educación es un derecho social y no un bien de consumo.

– ¿Usted está conforme con lo que se logró? 

Me parecía, y así lo hemos expresado en distintas instancias, que el modelo (que sustenta el funcionamiento de las universidades) había que cambiarlo, porque efectivamente, las leyes que se aprueban no transforman el modelo y, por lo tanto, sigue existiendo competencia entre las instituciones de educación superior.

– ¿De qué forma enfrentarán esta situación?

“Hay una oportunidad para las universidades estatales, la que se canaliza a través de la existencia de un consejo para que abordemos este tema en conjunto. La idea es que también otras instancias del Estado se involucren y que ese consejo se constituya en una red de universidades públicas”.

– ¿Cómo evalúa la posición del ministro Varela?

Con todo el cuidado que significa haber escuchado declaraciones previas del ministro de Educación, entiendo que su idea es hacer equivalentes a todas las universidades, simplemente porque llevan el nombre de universidad. Esto no me parece, pues las universidades estatales tenemos una misión especial, que cautelamos por tantos años. Me refiero a la responsabilidad que tenemos como universidad pública, con los bienes públicos, y con una vocación de servicio que nos distingue en la contribución que hacemos permanentemente  a la sociedad. Por lo anterior, estas declaraciones me preocupan.

– ¿Qué es lo que le preocupa concretamente? 

Que se relenticen estos procesos y que la aplicación de la ley no tenga el ritmo que se espera. Dado que existen leyes aprobadas, el Ministerio se aboque a hacer que se cumplan, porque representan la voluntad de la soberanía y en un  Estado democrático y de Derecho, obviamente, los servidores públicos y las autoridades están llamados a cumplir la ley. Por este motivo, estos organismos a los que pertenecemos, tienen que actuar tremendamente unidos y en bloque, a fin de tener una voz consensuada para pedir el cumplimiento de las leyes. Queremos transformarnos en un observatorio del cumplimiento de las leyes.

– ¿Visualiza que podría ser un año complejo desde el punto de vista de movilizaciones?

Espero que el gobierno actúe con sabiduría en estos temas y dé señales claras de voluntad para que estas leyes se cumplan. Las universidades estaremos atentas a que así sea. Todos sabemos que el Estado ha tratado muy mal a sus propias universidades, por muchos años, y que  existe una deuda con muchas de ellas, especialmente las de carácter regional, y todo este tiempo ha permitido reivindicar aquello que constituye una deuda con  las universidades estatales.