El fiscal nacional, Jorge Abbott, y el canciller (s), Edgardo Riveros, firmaron el acta de traspaso de funciones como Autoridad Central desde el Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministerio Público en materia de asistencia penal internacional.

Lo anterior significa que a contar del 1 de febrero de 2018, la Fiscalía comenzará a tramitar –a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones- directamente los requerimientos hacia o desde el extranjero, prescindiendo del paso obligado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.

El traspaso de funciones se enmarca en los principales tratados y acuerdos internacionales suscritos por Chile, tales como la Convención de Nasseau; Mercosur; Convención Europea de asistencia mutua; Convención Interamericana contra la Corrupción, la Fabricación y Tráfico de Armas; Convención de la Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Tráfico de drogas, entre otras.

Este importante hito permitirá asignar de forma adecuada las funciones que a cada institución le compete según el mandato constitucional. Por una parte, la Cancillería se desprende de la tramitación de investigaciones secretas, mientras que la Fiscalía toma las riendas de la persecución penal en el ámbito internacional sin intermediarios.

Eficacia y política internacional

El procedimiento actual exige que los requerimientos internacionales pasen obligatoriamente por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, pues de lo contrario las respuestas obtenidas o entregadas no pueden ser incorporadas de forma válida a las investigaciones.

Al eliminar este eslabón, se acelerarán los tiempos de transmisión y respuestas en la asistencia internacional, al establecer una comunicación directa entre autoridades centrales. A lo anterior se suma que la nueva modalidad promueve contactos vía correo electrónico certificado con firma digital, que ya se encuentra activa con Perú y Argentina.

Los beneficios del traspaso de la Autoridad Central a la Fiscalía, como el fortalecimiento de la autonomía y la eficacia en la persecución, han sido además explicitados como parte de los objetivos centrales de la política internacional institucional que prontamente entrará en vigencia.